Córdoba.- Los operativos realizados los días 12 y 16 de febrero de 2026 en Veracruz y Quintana Roo han colocado nuevamente en el centro de la polémica a la empresa de transporte Trabal, luego de que unidades vinculadas a esta compañía fueran aseguradas en circunstancias similares, sin una explicación clara por parte de las autoridades.
El 12 de febrero, en la zona de Córdoba, Veracruz, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo tras el robo con violencia de un tráiler en la autopista Córdoba–Veracruz. La unidad, perteneciente a la empresa Ilhuilcamina, fue recuperada; sin embargo, los presuntos responsables lograron escapar. De acuerdo con reportes, los delincuentes habrían buscado resguardo en instalaciones de Trabal, lo que encendió las alertas sobre posibles vínculos entre la empresa y este tipo de hechos delictivos.
Días después, el 16 de febrero, un nuevo operativo tuvo lugar sobre la carretera Mérida–Cancún, donde fuerzas federales aseguraron otro camión de carga vinculado a Trabal. A pesar del despliegue, hasta el momento no existe información oficial sobre las causas del aseguramiento, ni sobre posibles detenidos o el estatus legal del vehículo.
Ambos hechos no solo coinciden en fechas cercanas, sino también en el actor principal: Trabal, empresa propiedad de Manuel Alonso Cerezo, presidente municipal de Córdoba, Veracruz, y del empresario Luis Abella Alvarado, la cual ha sido señalada en diversas ocasiones por presuntos vínculos con el tráfico de combustible robado.
De acuerdo con investigaciones, Trabal S. de R.L. de C.V. habría sido denunciada por adquirir hasta 40 mil litros semanales de combustible ilícito, presuntamente proveniente de una organización criminal encabezada por Hernán Bermúdez. Estos señalamientos, basados en indagatorias del Ejército a través del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), refuerzan las sospechas sobre la operación de la empresa.
A ello se suma su crecimiento acelerado y poco transparente. En poco más de una década, Trabal pasó de contar con apenas una decena de unidades a operar una flota cercana a 700 tráileres, expansión que ha sido calificada como inusual y que ha generado cuestionamientos sobre el origen de sus recursos y sus posibles redes de respaldo político.
Versiones periodísticas también apuntan a presuntos vínculos con actores políticos como Cuitláhuac García Jiménez y Zenyazen Escobar García, relaciones que habrían coincidido con el crecimiento de la empresa en distintos sectores económicos.
Además, han surgido señalamientos sobre posibles conexiones internacionales. Fuentes indican que recursos de origen extranjero, incluso presuntamente vinculados con el entorno del gobierno de Nicolás Maduro, podrían haber sido canalizados hacia empresas mexicanas, entre ellas Trabal, lo que abre la posibilidad de investigaciones por lavado de dinero y triangulación de recursos.
Aunque tras estos señalamientos la empresa ha intentado desmentir cualquier irregularidad mediante comunicados, la repetición de operativos en distintos estados, bajo circunstancias similares y en un corto periodo de tiempo, refuerza la percepción de que no se trata de hechos aislados.
El silencio de las autoridades federales frente a estos casos resulta preocupante. La falta de información oficial no solo alimenta la incertidumbre, sino que deja sin respuesta cuestionamientos clave sobre posibles redes de huachicol, robo de transporte y uso de empresas como fachada.
En un país donde el combate al robo de combustible y a la delincuencia organizada es una prioridad, lo ocurrido en Córdoba y Cancún no puede minimizarse como coincidencia. Por el contrario, exige una investigación profunda, transparente y sin encubrimientos, que permita esclarecer si detrás de estos operativos existe una estructura más amplia de ilegalidad.
Con Fuente del Sol de Quintana Roo
