De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- A una semana de los hechos registrados en el mercado Venustiano Carranza, las autoridades municipales, encabezadas por Hugo Chahín Kuri, mantienen su postura de encuadrar como “violencia de género” los señalamientos de hostigamiento, provocaciones reiteradas y actitudes prepotentes atribuidas a la supervisora Swamy Margarita Peña Sánchez, lo que ha derivado en medidas como la suspensión de actividades de al menos un local involucrado en la confrontación.
En el establecimiento denominado El Maguey de Tlacotepec fueron colocados documentos oficiales en los que se notifica la “suspensión de actividades”, sustentada en el artículo 82 del Bando de Policía y Gobierno, el cual faculta a la autoridad municipal a aplicar esta medida cuando se detecten irregularidades como la falta de licencia de funcionamiento, permisos o incumplimiento de la normativa vigente.
Sin embargo, comerciantes sostienen que la sanción se da en un contexto de tensión acumulada, luego de que desde el pasado 6 de marzo entregaron un documento formal a la regidora cuarta, Lizbeth Pacheco Osorio, y al regidor segundo, Ricardo Rodríguez Garzón, donde denunciaban los abusos de la funcionaria municipal, sin que hasta ahora exista respuesta o intervención visible.
En contraste, el alcalde justificó la clausura al señalar que no se puede permitir que particulares “hagan justicia por su propia mano”, reprobando cualquier tipo de violencia, aunque sin hacer referencia directa a las quejas previas de los locatarios, lo que ha sido interpretado como una minimización del conflicto de fondo.
A ocho días del incidente, lejos de resolverse, el caso evidencia una confrontación abierta entre comerciantes y autoridad, donde el uso de facultades administrativas comienza a ser cuestionado por su posible aplicación selectiva en medio de denuncias no atendidas.
