AGENCIA
Culiacán, Sin.- En una decisión que ha generado críticas y sospechas sobre el actuar del Poder Judicial, una jueza de distrito concedió la suspensión de plano a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, contra posibles actos de desaparición forzada, tortura, detención sin orden judicial, así como destierro y deportación, pese a que autoridades federales han sostenido que no existe ningún mandamiento en su contra.
La resolución judicial surge luego de que Zambada Niebla fuera detenida y liberada el pasado 19 de marzo en el poblado El Álamo, en Culiacán, Sinaloa, situación que su defensa utilizó como argumento para promover un amparo indirecto bajo el alegato de posibles violaciones graves a sus derechos humanos.
En el recurso legal, la hija del líder criminal reclamó actos que pudieran poner en riesgo su vida, así como ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, extradición o incluso desaparición forzada, lo que derivó en la concesión inmediata de la suspensión por parte de la juzgadora.
Sin embargo, el fallo ha sido señalado como desproporcionado y contradictorio, al otorgarse bajo supuestos que, hasta el momento, no han sido acreditados por las propias autoridades, quienes incluso han negado la existencia de alguna orden de captura o acción legal vigente en su contra.
El documento presentado por su abogado argumenta que la quejosa se encontraba imposibilitada para promover el amparo por sí misma, alegando desconocer su paradero al momento de interponer el recurso, lo que permitió que el representante legal actuara en su nombre con base en el artículo 15 de la Ley de Amparo, mecanismo que suele aplicarse en casos de extrema urgencia.
No obstante, este caso ha encendido cuestionamientos sobre el uso de figuras legales para anticiparse a posibles acciones de la justicia, especialmente cuando se trata de personajes vinculados a estructuras del crimen organizado, lo que deja en entredicho la imparcialidad y el rigor con el que algunos jueces analizan este tipo de solicitudes.
La decisión también reaviva el debate sobre la facilidad con la que presuntos allegados a líderes del narcotráfico acceden a mecanismos de protección judicial, mientras miles de ciudadanos enfrentan largos procesos sin garantías efectivas, evidenciando una preocupante disparidad en la aplicación de la justicia en México.
¡Está dando frutos los acordeones! ¿Así o más claro para quienes trabajan los jueces? ¿Qué no dijo Harfuch que no tenía ninguna orden de aprehensión? ¡El chiste se cuenta solo!
