De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- A tres meses de gestión, el representante del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa, confrontó al presidente municipal Hugo Chahín Kuri, exigiendo congruencia entre su discurso de respeto a la ley y las acciones de su administración, a la que acusó de operar con “arrogancia” y “terquedad”.
A tres meses de que la administración municipal de Hugo Chahín Kuri asumiera el cargo bajo la bandera de la legalidad y el orden, las críticas por una simulación en el cumplimiento de la normativa han comenzado a escalar. Guarneros Sosa calificó como “sumamente hipócrita” la postura del edil, señalando una incongruencia entre su discurso público y las acciones concretas del gobierno local, particularmente en materia de transporte.
En una declaración en la que no escatimó adjetivos, Guarneros Sosa estableció un paralelismo crítico con la administración anterior, encabezada por Juan Manuel Diez Francos, a la que acusó de sentar las bases de un modelo de gobierno que, a su juicio, persiste en la actualidad.
“Me parece que la política que continúa llevándose a cabo por las autoridades municipales recientes en Orizaba es continuar con la línea que venía desde cuando estaba el expresidente municipal Juan Manuel Diez Francos: tener un doble discurso. Por un lado, asegurar que se conducen con respeto a la ley y que buscan que se respete la ley en Orizaba, pero solamente la ley que a ellos de alguna manera les conviene o la que creen que deben seguir, pero no todas las leyes”, sentenció el líder transportista.
El principal punto de controversia radica en la operación del servicio de transporte público en el municipio El Gallo y la Gallina. Guarneros Sosa fue tajante al señalar que la actual administración incurre en una violación explícita a la Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, al intentar regular y otorgar permisos para el servicio privado de pasajeros, una facultad que, argumentó, es exclusiva del gobierno estatal.
“El ofrecer el servicio de transporte no está dentro de las facultades de los ayuntamientos, ni aunque lo quieran disfrazar a través del DIF; esa es una facultad única y exclusiva del estado de proporcionar ese servicio, ya sea por ellos mismos o a través de concesionarlo, como lo hace con autobuses o taxis”, explicó el representante de GRITO, añadiendo que esta acción también contraviene lo dispuesto por el artículo 115 constitucional.
