Agencias
México.- Diversas organizaciones civiles y colectivos de búsqueda cuestionaron al gobierno federal tras la presentación de cifras oficiales sobre personas desaparecidas, al considerar que están “maquilladas” y condicionadas al uso exclusivo de carpetas de investigación.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que desde 2006 más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en el país. Sin embargo, estos datos se basan únicamente en carpetas de investigación abiertas en las distintas entidades, lo que ha generado críticas por parte de colectivos.
Aleida Limón, madre buscadora del joven Jhosué Romo Limón, denunció que las cifras no reflejan la realidad, ya que muchas desapariciones no están registradas en el sistema nacional. Además, señaló que el sitio del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue restringido temporalmente, impidiendo el acceso a fichas, fotografías y datos de las víctimas.
“Están maquillando las cifras, como acostumbran. Están cerrando las fichas; si entras a la página nacional no aparece información, todo está como reservado”, expresó.
La madre también acusó que, en el caso de su hijo, desaparecido en 2022 en Mexicali, la Fiscalía estatal no ingresó la información al sistema nacional ni generó el folio correspondiente para activar los mecanismos de búsqueda, situación que, aseguró, se repite en numerosos casos.
Por su parte, organizaciones como Elementa DDHH, Fundar y Data Cívica señalaron en un comunicado que basar las cifras únicamente en carpetas de investigación distorsiona la magnitud real del problema, especialmente en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es sólo un error metodológico, sino una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, advirtieron.
Aunque la presidenta reconoció deficiencias en el registro de datos y aseguró que las fiscalías deberán abrir carpetas de investigación por cada reporte de desaparición, colectivos recordaron que esta obligación ya está establecida en la ley desde 2017, por lo que acusaron omisiones persistentes por parte de las autoridades.
La polémica reaviva el debate sobre la transparencia, el registro real de víctimas y la crisis de desapariciones en México, una problemática que continúa generando exigencias de justicia por parte de familiares y organizaciones civiles.
