Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La violencia contra los animales volvió a exhibir no sólo la crueldad individual, sino las grietas institucionales en Orizaba. Habitantes de la unidad Fovissste denunciaron ante la fiscalía el atropellamiento directo de una perrita callejera adoptada por la comunidad, cometido por una vecina que, lejos de asumir responsabilidad, negó los hechos hasta que fue confrontada con evidencia en video.
El estado de salud de la perrita es crítico: presenta daño medular que le impide mover las patas traseras, neumotórax que comprometió su respiración, afectaciones renales y la imposibilidad de realizar funciones básicas por sí misma. Aunque ya fue dada de alta, continúa bajo tratamiento y rehabilitación especializada. El caso escaló rápidamente en redes sociales, donde la indignación ciudadana derivó incluso en llamados a linchamiento, un escenario que los denunciantes rechazaron de forma categórica, pero que evidencia el hartazgo ante la impunidad.
De acuerdo con los testimonios, existen al menos dos grabaciones en las que se observa cómo la mujer atropella al animal y lo arrastra por varios metros. Sin embargo, estos materiales no han sido difundidos públicamente para evitar represalias legales, ya que la responsable denunció la exposición de sus datos personales.
“El problema es que casi nadie denuncia porque no hay acompañamiento legal. En este caso no es justo que la persona no se haga responsable”, señalaron los afectados, quienes insisten en que su exigencia es estrictamente por la vía legal. Pese a la gravedad de los hechos, la señalada habría ofrecido apenas mil pesos como “apoyo”, lo que fue interpretado por los denunciantes como una burla, considerando la magnitud del daño y las condiciones económicas de la implicada.
El caso también dejó al descubierto un vacío institucional: en Orizaba no existe un área especializada en la Fiscalía para atender delitos contra animales, por lo que la denuncia será turnada a Xalapa. Esto implica un proceso más largo y costoso, ya que incluso deberán trasladar a la perrita para su valoración por un médico veterinario legista.
Mientras tanto, una de las familias afectadas asumió por cuenta propia los gastos médicos, rechazando cualquier señalamiento de lucro. “Todo lo estamos cubriendo nosotros para que no haya malos entendidos”, afirmaron.
Los denunciantes subrayaron que, aunque ya se cometió un acto de violencia, buscan evitar que la situación escale a agresiones contra personas. No obstante, recalcan que el caso no puede quedar impune, especialmente cuando -aseguraron- hubo premeditación.
