AGENCIA
Ciudad de México.- A pesar de los avances en materia de derechos laborales, las trabajadoras del hogar en México continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad, bajos salarios y falta de acceso pleno a la seguridad social, evidenciando una deuda histórica con uno de los sectores más invisibilizados del país.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, millones de personas en América Latina se dedican al trabajo doméstico remunerado, siendo en su mayoría mujeres. En México, este sector ha comenzado a registrar cambios importantes tras reformas legales que reconocen sus derechos laborales.
Uno de los avances más relevantes ha sido la incorporación obligatoria al sistema de seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permite a las trabajadoras acceder a servicios médicos, ahorro para el retiro y otras prestaciones. Sin embargo, la implementación aún enfrenta obstáculos.
Organizaciones civiles y especialistas señalan que, aunque el marco legal ha mejorado, en la práctica muchas empleadoras no cumplen con la afiliación al IMSS, lo que deja a una gran parte del sector sin protección social. Además, persisten problemáticas como jornadas extensas, falta de contratos formales y pagos por debajo de lo establecido.
Otro de los retos es la informalidad. Se estima que la mayoría de las trabajadoras del hogar laboran sin un contrato escrito, lo que dificulta la exigencia de derechos y genera incertidumbre laboral. A esto se suma la discriminación histórica que ha marcado a este oficio, muchas veces relegado y poco valorado socialmente.
En este contexto, colectivos y defensoras de derechos laborales han insistido en la necesidad de fortalecer la inspección, garantizar condiciones dignas y promover una cultura de respeto hacia este trabajo esencial.
Si bien México ha sido reconocido internacionalmente por dar pasos hacia la formalización del trabajo doméstico, la realidad cotidiana muestra que aún queda un largo camino por recorrer para que los derechos de las trabajadoras del hogar se traduzcan en condiciones reales de justicia laboral.
