De la redacción
El Buen Tono
Washington, D.C.- Dos legisladores demócratas encendieron las alertas sobre el destino de las armas fabricadas en Estados Unidos, al exigir al Departamento de Comercio un informe detallado sobre la exportación de armamento semiautomático, ante el riesgo de que estos productos estén alimentando la violencia del crimen organizado en el continente.
La senadora Elizabeth Warren y el representante Gregory Meeks enviaron una carta al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler, en la que solicitan datos completos sobre las licencias de exportación otorgadas desde enero de 2025.
Los legisladores, respaldados por su autoridad de supervisión bajo la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones de 2018, buscan conocer el número de permisos aprobados, los países receptores, los compradores autorizados y las medidas implementadas para evitar que las armas terminen en mercados ilegales.
La petición incluye rifles, pistolas, escopetas y accesorios, en un intento por rastrear el flujo de armamento que, según datos oficiales, tiene un impacto significativo en la violencia fuera de Estados Unidos. Cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos indican que casi el 20% de las armas utilizadas en delitos en Centroamérica provienen de exportaciones legales estadounidenses, porcentaje que supera el 37% en otras regiones fuera de Norteamérica.
Entre las empresas señaladas como exportadoras se encuentran Sturm Ruger y Smith & Wesson Brands, dos de los principales fabricantes del sector.
Esta acción se suma a otras iniciativas recientes encabezadas por Warren, quien a inicios de marzo propuso frenar la venta de municiones de uso militar a civiles, tras detectar que algunas de estas balas habrían terminado en manos del crimen organizado y sido utilizadas en diversos hechos violentos.
Cabe recordar que en 2023, el Departamento de Comercio de Estados Unidos suspendió temporalmente la emisión de licencias para exportar armas civiles, con el objetivo de evaluar el riesgo de desvío hacia actividades delictivas o que generen inestabilidad regional.
La presión política crece mientras se acerca la fecha límite del 13 de abril, cuando las autoridades deberán responder a los congresistas y presentar un informe completo que podría revelar el verdadero alcance del comercio internacional de armas estadounidenses.
