El alcalde Manuel Alonso Cerezo aprobó un presupuesto 2026 que reduce a la mitad la inversión en infraestructura urbana, pese a que los propios datos municipales demuestran que esa decisión dispara los homicidios, robos y narcomenudeo.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Un trabajador del servicio de limpia pública fue ejecutado apenas ayer. Días antes, otro sujeto fue atacado a tiros en bares a pasos del Palacio Municipal, en calles sin pavimento ni alumbrado renovado. Manuel Alonso Cerezo sabe, porque los números de su propio gobierno lo dicen, que recortar obra pública mata. Lo hizo de todas formas.
El presupuesto 2026 aprobado por la administración de Alonso Cerezo destinó 142 millones de pesos a seguridad pública y apenas 70 millones a obra pública, a la mitad. Es una apuesta que va a contracorriente de la evidencia acumulada durante cinco años de gestión municipal: cada vez que Córdoba redujo inversión en infraestructura urbana, el delito subió. Cada vez que la aumentó, bajó.
La evidencia que el alcalde ignoró
Un análisis de los datos de incidencia delictiva y ejercicio presupuestal de 2020 a 2025 así lo confirman. En 2024, con una inversión récord de 386 millones en obra pública, los robos cayeron a su punto más bajo en el período: 681 casos. El narcomenudeo bajó 24%. La extorsión registró su cifra más baja desde 2020. Las lesiones dolosas pasaron de 341 a 258.
En 2021, cuando la inversión en obra cayó a 237 millones, los robos repuntaron a 958 y el narcomenudeo se disparó.
Los muertos frente al ayuntamiento
Que los homicidios recientes hayan ocurrido a pasos del Palacio Municipal no es ironía menor: es una acusación geográfica. Las calles sin pavimento y sin alumbrado que rodean la sede del gobierno local no son descuido — son una decisión presupuestal con nombre y firma.
El asesinato del trabajador de limpia pública suma a ese mapa de tragedia. Los empleados municipales que cubren las zonas más deterioradas de la ciudad son también quienes más riesgo enfrentan cuando el propio ayuntamiento decide no intervenir esos espacios.
Un patrón que viene de atrás
No es la primera vez que Córdoba paga con sangre la apuesta por seguridad sobre infraestructura. En febrero de 2020, durante la gestión de Leticia López, un ataque armado a una plaza comercial expuso los límites de la estrategia policial. En agosto de 2021, bajo Juan Martínez Flores, los homicidios de Grodetz Ríos Andrade y José Escamilla Aguilera en la zona conurbada volvieron a demostrar que más policías sin más infraestructura no alcanza.
El otro frente: obra pública mal ejecutada, dinero que se pierde
Mientras se reduce la inversión en infraestructura, los pocos trabajos que se realizan adolecen de fallas técnicas que anticipan nuevas fallas en pocos años. Documentos oficiales obtenidos por transparencia revelan que el programa de bacheo ejecutado en febrero de 2026 bajo la responsabilidad del coordinador de Obras Públicas, Jorge Guzmán de la Llave, careció de los mínimos requisitos técnicos para garantizar durabilidad.
Se gastaron entre 32 y 36 mil pesos solo en concreto especializado (Pavicrete Módulo de Ruptura 45 kg/cm²), un material diseñado para pavimentos completos, no para bacheo aislado. Sin embargo, el ayuntamiento omitió:
· Supervisión técnica: la Jefatura de Supervisión de Obra Pública confirmó que “no tuvo incidencia alguna” en el proceso.
· Control de calidad: no existen reportes diarios, bitácoras de vaciado ni actas de incidencia.
· Estudios de mecánica de suelos: la decisión de intervenir la calle se basó únicamente en “deformación visible” y quejas vecinales.
