De la redacción
El Buen Tono
Una investigación basada en documentos y registros atribuidos a una estructura del crimen organizado revela el presunto control de la entrada y distribución de drogas en centros penitenciarios de Michoacán, Querétaro y Jalisco, con posible complicidad de autoridades del sistema penitenciario estatal.
De acuerdo con la información difundida, en un registro conocido como “narconómina” se detallan movimientos de pagos y entregas de narcóticos correspondientes a diciembre de 2025, donde aparece un esquema identificado como “salida de balones”, término utilizado para describir el ingreso de objetos prohibidos a los penales.
El método de “balones” consiste en arrojar paquetes con drogas u objetos ilegales sobre las bardas de los centros penitenciarios, una práctica que, aunque tradicional, habría evolucionado con nuevas formas de operación dentro del sistema carcelario, según especialistas.
En el documento se reportan múltiples envíos hacia distintos centros de reinserción social, incluyendo el penal Hermanos López Rayón, en Zitácuaro, Michoacán, así como otras instalaciones en Querétaro y Ciudad Guzmán, Jalisco. En total, se mencionan diversas operaciones bajo este esquema, además de pagos asociados a distintos actores identificados dentro de la estructura criminal.
Asimismo, se señala que un presunto líder regional habría ofrecido millones de pesos a un excoordinador del sistema penitenciario de Michoacán a cambio del control de los centros carcelarios, situación que fue expuesta a través de una grabación difundida recientemente. En dicho audio, se discuten supuestas facilidades para el ingreso de alcohol y drogas a los penales, así como negociaciones económicas para permitir el manejo interno de los mismos.
También se documentan incidentes previos en los que se habrían registrado fugas de reos y operativos posteriores de fuerzas federales y estatales, lo que refuerza las sospechas sobre la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a estructuras del crimen organizado.
Las autoridades no han emitido hasta el momento una postura amplia sobre el contenido de estos documentos y grabaciones, mientras el caso sigue generando atención por la presunta infiltración de redes criminales en instituciones de seguridad y reinserción social.
