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AGENCIA

Internacional.- El rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha generado críticas entre especialistas, quienes advierten que esta postura refuerza la percepción internacional de un país afectado por la inseguridad y la influencia del crimen organizado.

De acuerdo con expertos en derecho y derechos humanos, la respuesta oficial, que calificó como “sesgadas” las observaciones del organismo internacional, podría fortalecer el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado reiteradamente problemas de seguridad en territorio mexicano.

Israel Muñoz Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Internacional y Migratorio del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, consideró que la postura diplomática fue desafortunada, al minimizar un problema que —dijo— evidencia fallas estructurales en la atención a las desapariciones.

“El Estado mexicano señala que hay elementos ajenos que están causando este ambiente de desaparición forzada y de inseguridad. Todo ello viene a reafirmar el discurso internacional sobre la falta de control interno”, señaló.

El informe del Comité, publicado el pasado 2 de abril, advierte que la desaparición forzada en México ha alcanzado niveles que podrían ser considerados como crimen de lesa humanidad, por lo que solicitó que el tema sea abordado en la Asamblea General del organismo en septiembre.

Por su parte, René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, alertó que el país enfrenta una crisis grave, pese a no estar en guerra, al registrar altos índices de personas desaparecidas.

Indicó que muchas víctimas terminan siendo localizadas en fosas clandestinas, lo que refleja, a su juicio, una falta de acción efectiva y la presencia de estructuras criminales que operan paralelamente al Estado.

“Se permite, se tolera y no se toman medidas suficientes para evitar estas desapariciones”, afirmó, al señalar que el fenómeno ha sido normalizado pese a su gravedad.

En tanto, Andrea Horcasitas Martínez, especialista en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, explicó que el informe del Comité no constituye un juicio político, sino un diagnóstico técnico sustentado en más de una década de documentación.

“El Comité ha observado que los avances son insuficientes. No se trata de un ataque, sino de una evaluación basada en información proporcionada por familias, organizaciones e incluso autoridades”, puntualizó.

El organismo internacional también destacó que en el país existen más de 130 mil personas desaparecidas, más de 83 mil restos sin identificar y al menos 5 mil fosas clandestinas, además de un alto nivel de impunidad en los casos.

Especialistas coincidieron en que la discusión del tema en la próxima Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo en Nueva York, colocará a México bajo escrutinio internacional, en un contexto global marcado también por conflictos armados y tensiones geopolíticas.

Finalmente, señalaron que la apertura a la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas podrían ser claves para atender una crisis que, advirtieron, ya tiene dimensiones humanitarias.

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