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AGENCIA

Nacional.- En la última década, México ha registrado una de las crisis más graves en materia de violencia de género: 34 mil 645 mujeres han sido víctimas de feminicidio y homicidio doloso, mientras que 18 mil 862 han desaparecido. Las cifras revelan una tendencia alarmante: en promedio, 14 mujeres desaparecen cada día, y el grupo más afectado es el de jóvenes entre 15 y 29 años.

Tan solo en 2025, el país contabiliza un promedio de 15 mujeres asesinadas o desaparecidas diariamente. Durante 2024, se reportaron 2 mil 776 desapariciones, 725 feminicidios y 2 mil 73 homicidios dolosos de mujeres, de acuerdo con datos oficiales.

Especialistas y colectivos coinciden en un patrón cada vez más evidente: la desaparición es, en muchos casos, la antesala del feminicidio. Sin embargo, las estrategias institucionales siguen sin integrar búsquedas en vida con perspectiva de género, pese a que una proporción significativa de las víctimas fue violentada previamente por sus parejas o exparejas.

Un análisis basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz entre las de mayor incidencia en desapariciones y feminicidios. En conjunto, concentran miles de casos registrados entre 2016 y 2025.

El rango de edad evidencia la vulnerabilidad de las jóvenes: cinco de cada 10 mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 29 años, mientras que dos de cada 10 son niñas y adolescentes menores de 14 años, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

A pesar de reformas recientes impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda, especialistas advierten que en la práctica no existen protocolos eficaces con enfoque diferenciado por edad, contexto o tipo de violencia.

La investigadora Andrea Horcasitas Martínez identifica patrones recurrentes en estos casos: violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado y feminicidio. Señala que cerca del 40% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas sentimentales, mientras que el resto involucra a familiares o agresores que previamente ejercieron violencia.

Uno de los hallazgos más graves apunta a los lugares donde se ocultan los cuerpos. Entre 2020 y 2024, se han documentado al menos 66 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios en 25 estados del país. Más del 60% de estas inhumaciones ocurren en viviendas particulares, lo que evidencia que la violencia se desarrolla, en gran medida, en espacios privados.

Casos recientes reflejan esta problemática. El de Cinthia Manrique, desaparecida en Naucalpan y hallada sin vida días después, evidenció omisiones en la investigación pese a antecedentes de violencia con su agresor. Situaciones similares se repiten en distintas entidades, donde las víctimas desaparecen y posteriormente son encontradas sin vida.

Para María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el principal problema no es solo la incidencia, sino la falta de investigación. Denuncia que muchas muertes violentas no se clasifican como feminicidio, lo que impide sancionar adecuadamente a los responsables.

La impunidad, sumada a la falta de protocolos de búsqueda inmediata y a procesos revictimizantes, ha generado que ambos delitos —desaparición y feminicidio— estén cada vez más vinculados. A esto se suma la presencia de grupos criminales y la ausencia de acciones contundentes para frenar la violencia.

En México, más de 60 feminicidios se registran cada mes, mientras miles de familias continúan buscando a sus hijas, muchas veces sin apoyo institucional y enfrentando un sistema que, denuncian, no garantiza verdad ni justicia.

El panorama, advierten especialistas, no solo refleja una crisis de seguridad, sino una emergencia humanitaria que sigue creciendo sin respuestas efectivas.

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