AGENCIA
Río de Janeiro.- El gobierno de Brasil incluyó a la automotriz china BYD en un registro oficial de empleadores vinculados a condiciones laborales equiparables a la esclavitud, tras un escándalo revelado en 2024 que involucró a trabajadores migrantes sometidos a prácticas abusivas.
La lista, difundida por el Ministerio del Trabajo brasileño, representa un golpe reputacional para la empresa en su principal mercado fuera de China, además de limitar su acceso a ciertos financiamientos por parte de instituciones bancarias en el país. No obstante, la medida no afecta la operación de su planta automotriz en territorio brasileño.
El caso se originó tras una investigación en la que se documentó que 163 trabajadores chinos, contratados a través del Jinjiang Group, habrían sido víctimas de trata laboral y contratos con condiciones restrictivas. Según reportes, los empleados debían entregar sus pasaportes, permitir que gran parte de sus salarios fuera enviada directamente a China y pagar un depósito cercano a 900 dólares, recuperable únicamente tras cumplir seis meses de trabajo.
Además, inspecciones oficiales detectaron condiciones de vida precarias: trabajadores hacinados en viviendas sin colchones, con hasta 31 personas compartiendo un solo baño, así como alimentos almacenados en el suelo junto a pertenencias personales, lo que fue calificado por las autoridades como “condiciones degradantes”.
Aunque BYD sostuvo previamente que desconocía estas irregularidades hasta que fueron expuestas por medios de comunicación, las autoridades brasileñas señalaron que la empresa es responsable de supervisar a sus contratistas y garantizar condiciones laborales adecuadas.
El escándalo generó indignación a nivel internacional, incluso dentro de China, y provocó retrasos en la construcción de la planta. Pese a ello, la compañía continuó con su expansión en Brasil, donde su fábrica -inaugurada en octubre con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva- ha producido más de 25 mil vehículos.
Las empresas incluidas en este registro permanecen en él durante un periodo de dos años, salvo resolución judicial en contrario. Aunque BYD firmó un acuerdo con fiscales laborales para atender el caso, no concretó uno similar con los inspectores de trabajo, lo que derivó en su incorporación definitiva a la lista.
El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones en la supervisión de sus cadenas de suministro y el respeto a los derechos laborales, especialmente en contextos de expansión internacional.
