AGENCIA
Ciudad de México.– A pesar del discurso de austeridad impulsado por el gobierno federal, al menos 12 de los 32 congresos locales del país operan con presupuestos que superan el límite de 0.70 por ciento (%) del gasto estatal, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del llamado “plan B” de la reforma electoral.
El análisis revela una marcada disparidad en el manejo de recursos legislativos a nivel estatal, donde algunas entidades mantienen congresos con costos significativamente elevados en proporción a su capacidad económica, mientras otras operan con márgenes considerablemente más bajos.
De acuerdo con la revisión, los congresos de Morelos (1.59%), Tlaxcala (1.35%), Nayarit (1.18%), Baja California Sur (1.14%) y Michoacán (1.12%) encabezan la lista de legislaturas más costosas del país. A estos se suman Quintana Roo, Guerrero, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Campeche y Durango, todos por encima del parámetro planteado por el Ejecutivo federal.
En contraste, entidades como Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Sonora se mantienen dentro del rango considerado como adecuado, lo que refleja una mayor contención del gasto legislativo.
El caso del Estado de México resulta particularmente ilustrativo: aunque cuenta con el presupuesto más alto en términos absolutos -mil 983.6 millones de pesos-, este apenas representa el 0.48% de su presupuesto estatal, estimado en más de 410 mil millones de pesos. En el extremo opuesto se encuentra Colima, cuyo congreso opera con 129.2 millones de pesos, equivalentes al 0.58% de su gasto estatal.
La iniciativa enviada al Senado el pasado 17 de marzo busca establecer un tope de 0.70% para el presupuesto de los congresos locales, con el argumento de reducir privilegios, combatir la corrupción y liberar recursos para sectores prioritarios. Sin embargo, el escenario financiero muestra contradicciones: si todas las legislaturas se ajustaran exactamente a ese porcentaje, el gasto total aumentaría en más de 5 mil millones de pesos, en lugar de generar ahorros.
El verdadero margen de ahorro, estimado en cerca de 2 mil millones de pesos (mmdp), solo sería posible si los congresos que actualmente rebasan el límite reducen su gasto. Ajustes en entidades como Morelos, Guerrero o Baja California implicarían recortes significativos en sus presupuestos legislativos.
No obstante, el panorama también abre la puerta a un efecto contrario. Al menos 18 entidades podrían argumentar que están por debajo del umbral y buscar incrementos presupuestales, lo que trasladaría la discusión al ámbito de los congresos locales y los poderes ejecutivos estatales.
Especialistas advierten que el problema no radica únicamente en el porcentaje asignado, sino en la eficiencia del gasto. Mientras algunos congresos han implementado medidas de austeridad -como la eliminación de privilegios, reducción de viáticos y contención salarial-, otros mantienen estructuras costosas que contrastan con las condiciones económicas de sus estados.
El debate sobre el financiamiento de los poderes legislativos locales pone en evidencia una tensión de fondo: La necesidad de equilibrar la austeridad con la operatividad institucional, sin que el gasto público se convierta en una carga excesiva para la ciudadanía ni en un pretexto para ampliar presupuestos sin justificación clara.
