AGENCIA
Ciudad de México.– Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas criticaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el caso de México a la Asamblea General, al considerar que el gobierno federal minimiza la gravedad del problema.
Durante una entrevista en el espacio informativo de Carmen Aristegui, María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, calificó como “cerrada y radical” la respuesta presidencial, al acusar una negativa a reconocer la realidad que enfrentan miles de familias en el país.
La activista sostuvo que la determinación del organismo internacional es pertinente y urgente, ya que —dijo— México está rebasado por la magnitud de las desapariciones. Señaló que, aunque existen mesas de diálogo con autoridades, estas no han generado cambios de fondo ni soluciones estructurales, especialmente en las fiscalías estatales.
Núñez Barojas denunció además la persistencia de la impunidad. A nueve años de la desaparición de su hijo, indicó que su caso permanece sin avances significativos y que, de cerca de cien expedientes acompañados por su colectivo, apenas cinco han derivado en sentencias condenatorias.
En su testimonio, también advirtió sobre presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos, lo que, afirmó, contribuye a la continuidad de las desapariciones. Consideró que, tanto por acción como por omisión, el Estado tiene responsabilidad en este fenómeno.
Sobre la postura del organismo de la ONU, que advierte indicios de desapariciones forzadas con características de crímenes de lesa humanidad, la activista coincidió en que se trata de un patrón sistemático, marcado por investigaciones que no avanzan y expedientes que no llegan a judicializarse.
Por su parte, María Emma Mora Liberato, representante de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C., calificó como “indignante” la reacción del gobierno federal, al considerar que refleja soberbia y desconocimiento del marco legal internacional.
Subrayó que la cooperación internacional no implica sanciones, sino mecanismos de apoyo para fortalecer la búsqueda e identificación de personas. En ese sentido, cuestionó la falta de resultados en las investigaciones y las limitaciones técnicas en los servicios forenses.
Mora Liberato expuso su caso personal: su hijo fue secuestrado hace 15 años y, aseguró, las investigaciones no han avanzado. Criticó que las autoridades argumenten falta de líneas de investigación y señaló que muchas familias enfrentan la misma situación.
También puso en duda las cifras oficiales sobre localización de personas, al cuestionar cuántos de los casos reportados realmente han derivado en el regreso de las víctimas con sus familias.
Ambas activistas coincidieron en la necesidad de que el Estado mexicano reconozca la dimensión del problema y acepte la cooperación internacional para fortalecer las capacidades institucionales.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad a solidarizarse con las familias buscadoras, al advertir que la desaparición de personas es una crisis que puede afectar a cualquier sector de la población.
