AGENCIA
Irapuato, Gto.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, enfrenta fuertes cuestionamientos tras negar que Cecilia García Ramblas, joven asesinada tras haber sido privada de la libertad, fuera integrante de un colectivo de búsqueda, pese a testimonios que contradicen su versión.
Durante una entrevista, la mandataria afirmó que la víctima “no tenía la calidad de buscadora” y que no pertenecía a ningún colectivo, lo que generó inconformidad entre organizaciones y activistas que han denunciado la violencia contra personas que buscan a familiares desaparecidos.
Sin embargo, Alma Lilia Tapia, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, aseguró que Cecilia sí participaba activamente en las labores de búsqueda, incluso después de haber localizado sin vida a su hermano en 2025.
El caso ha cobrado mayor relevancia tras el posicionamiento de la organización Causa en Común, que condenó el asesinato y recordó que, desde 2010, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México.
“Hoy, en México, quienes buscan verdad y justicia enfrentan violencia, abandono e impunidad”, señaló la organización, en un mensaje que evidenció el contexto de riesgo que enfrentan estos colectivos.
Cecilia García Ramblas, de 28 años, fue localizada sin vida el pasado 19 de marzo, cinco días después de haber sido privada de la libertad. Su identificación se confirmó semanas más tarde, generando indignación entre colectivos y familiares de personas desaparecidas.
En Guanajuato, la situación resulta especialmente alarmante. La entidad se ha convertido en una de las más peligrosas para personas buscadoras, con al menos seis asesinatos documentados desde 2020, además de varios casos de desaparición de integrantes de estos grupos, según registros de organizaciones civiles.
Pese a este contexto, la gobernadora defendió la actuación de su administración, al asegurar que existe comunicación constante con colectivos y mecanismos de protección en marcha. No obstante, sus declaraciones fueron percibidas como un intento de deslindar responsabilidades y minimizar la gravedad del caso.
La polémica creció luego de que la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, Karla Alcaraz Olvera, reconociera públicamente que Cecilia sí era buscadora, respaldando la versión de los colectivos.
Aunque se mencionó una supuesta rectificación por parte del gobierno estatal, hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento claro que corrija las declaraciones iniciales de la mandataria.
El caso ha puesto en evidencia no sólo la crisis de seguridad que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato, sino también la falta de sensibilidad institucional ante víctimas que, además de enfrentar la desaparición de sus familiares, se convierten en blanco de violencia sin el respaldo contundente de las autoridades.
