AGENCIA
Ciudad de México.— El vicealmirante Roberto Farías Laguna envió este miércoles 15 de abril una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicita su intervención ante lo que considera violaciones a sus derechos durante el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de huachicol fiscal.
En la misiva, el exfuncionario naval señala que se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de delincuencia organizada y delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.
Farías Laguna denunció que durante el proceso se ha vulnerado el debido proceso y su derecho a una defensa adecuada. Asimismo, aseguró que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera arbitraria, lo que —afirma— dejó a su familia en una situación de vulnerabilidad al perder ingresos y servicios médicos.
En su escrito, el vicealmirante sostiene que esta decisión afectó su presunción de inocencia, al retirarle prestaciones antes de que exista una sentencia definitiva en su contra.
También acusó que desde noviembre de 2025 ha solicitado, a través de la Fiscalía General de la República, acceso a información y la realización de actos de investigación que considera fundamentales para su defensa, sin obtener respuesta favorable.
Según su versión, la Secretaría de Marina ha negado proporcionar dicha información bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la seguridad nacional, lo que —asegura— lo mantiene en estado de indefensión.
En este contexto, Farías Laguna pidió a la presidenta que intervenga para que se facilite el acceso a los datos requeridos y se integren a la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer los hechos.
Finalmente, señaló que, tras más de siete meses privado de la libertad y con la investigación complementaria próxima a concluir, aún no se cuenta con los elementos solicitados, por lo que reiteró su llamado a garantizar el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.
No puede ser dado de baja como miembro de la Marina hasta que se de el veredicto y/o resolución del juez a cargo, pero pareciera que la fiscalía encargada no ha entregado todas las pruebas (que conveniente) y el proceso se alargará, mientras tanto su hermano está prófugo, y decían que al poner a la Marina a cargo de puertos y aduanas habría transparencia.
¡Es quien va a pagar igual que los conductores del tren Interurbano! No no es quién lo hace, sino quién lo va a pagar … Carlos Augusto y pandilla son protegidos por la Presidenta.
