

EL BUEN TONO
Córdoba.- El Ayuntamiento de Córdoba aprobó un presupuesto de 15.6 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas en 2026 sin que hasta ahora exista una licitación pública ni contrato firmado.
Esta práctica no es nueva: Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del INEGI, durante 2024 el ayuntamiento asignó 3 de cada 4 contratos mediante adjudicación directa, un esquema que permitió operaciones como la compra de papelería con sobreprecio a una empresa fantasma y un contrato millonario a una consultora del Partido Verde, ambas avaladas por la entonces síndica Vania López González.
La administración de Manuel Alonso Cerezo incluyó en su presupuesto anual una partida de 15 millones 600 mil pesos para el “arrendamiento de unidades para seguridad pública municipal” con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), según el expediente 2026300440258. El monto está aprobado, pero hasta el cierre de esta edición no se ha publicado ninguna licitación ni se ha firmado contrato alguno para dicho arrendamiento. El registro oficial se limita a un solo “proyecto”, sin especificar número de patrullas, empresa proveedora, vigencia ni condiciones de mantenimiento y devolución.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 revela que durante 2024, bajo la administración del entonces alcalde Juan Martínez Flores y la síndica única Vania López González, el municipio operó sin una normativa propia para regular las contrataciones, dependiendo exclusivamente de la ley estatal. En ese marco, de los 201 contratos realizados en el año, 149 fueron adjudicaciones directas, es decir, el 74.1 por ciento del total. Solo siete contratos se resolvieron mediante licitación pública, apenas el 3.5 por ciento.
En el rubro específico de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de 94 contratos, 84 se asignaron por adjudicación directa y los 10 restantes por invitación restringida. Ninguna compra de bienes o servicios se sometió a licitación. En obra pública, el comportamiento fue similar: 65 contratos por adjudicación directa, 35 por invitación restringida y solo 7 por licitación.
Este diseño institucional, que concentra la capacidad de decisión en unas cuantas manos y excluye cualquier forma de competencia, encontró materialización en al menos dos contratos avalados por la entonces síndica Vania López González, hoy regidora novena. El primero fue un contrato por 2 millones 998 mil 934 pesos para la compra de papelería y artículos de oficina. La empresa beneficiada, Servicomerciox Haka, SA de CV, tiene su domicilio fiscal en un local de una plaza abandonada en San José del Cabo, Baja California Sur, a más de dos mil kilómetros de distancia.
El análisis de las facturas revela sobreprecios de hasta el 200 por ciento: Ocho mil paquetes de hoja blanca se facturaron a 132.40 pesos cada uno, cuando el precio de mercado no supera los 80 pesos; doscientos cincuenta bolígrafos de gel se pagaron a 136.10 pesos por pieza, contra un rango de 15 a 40 pesos en cualquier papelería; trescientas cajas de grapas se cotizaron a 48.19 pesos, contra un precio minorista de 25 pesos.
