AGENCIA
CDMX.- La defensa de Marcelo Ebrard no solo resulta insuficiente, también es reveladora. Asegurar que el uso de la residencia oficial de la Embajada de México en Londres por parte de su hijo fue “la preocupación de un papá” no atenúa el problema; lo agrava. Porque no se trata de un asunto doméstico, sino del uso de bienes públicos bajo responsabilidad de un servidor del Estado.
El argumento busca empatía, pero en el ejercicio del poder genera inquietud. Introduce una idea peligrosa: Que lo público puede flexibilizarse cuando lo privado entra en escena. Que la ley admite excepciones si la justificación es emocional. Y cuando esa lógica proviene de quien aspira a gobernar un país, deja de ser un episodio aislado para convertirse en un síntoma estructural.
El propio reconocimiento de los hechos coloca el caso en el terreno jurídico, no en el sentimental. Aceptar que un familiar directo recibió un beneficio -en este caso, hospedaje en una residencia oficial- por parte de una subordinada no es una cortesía. Es una posible falta administrativa grave, tipificada como cohecho en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La residencia diplomática no es un espacio de uso personal; es un bien del Estado destinado a funciones específicas. Utilizarlo fuera de ese marco podría configurar delitos como peculado o ejercicio abusivo de funciones.
Lo más preocupante no es solo el hecho, sino la ausencia de reacción institucional. Ni la Secretaría Anticorrupción ni la Fiscalía General de la República han mostrado avances visibles en una investigación. El silencio no es neutral: Es administración del conflicto. Es cálculo político. Y en demasiados casos, es protección.
La defensa del excanciller abre una disyuntiva incómoda. Si no sabía que aceptar ese beneficio era irregular, el problema es de incompetencia. Si lo sabía, entonces se trata de una normalización del privilegio. En ambos escenarios, la conclusión es la misma: El límite no importó.
El argumento de que su hijo permaneció seis meses en la residencia porque desconocía que sus clases eran virtuales tampoco resiste un análisis básico. En cualquier programa académico, la modalidad se conoce desde el inicio. La explicación, lejos de aclarar, profundiza las dudas y erosiona la credibilidad.
Aquí no está en juego una anécdota personal, sino un principio fundamental: El poder público no puede ejercerse con criterios privados. La ley existe precisamente para impedir que las decisiones se tomen con base en afectos o conveniencias personales.
Los abusos contemporáneos ya no se ocultan, se justifican. Se presentan como excepciones razonables, como gestos humanos, como situaciones comprensibles. Así es como lo irregular se vuelve cotidiano. Así es como la corrupción deja de escandalizar y comienza a tolerarse.
El costo lo paga quien sí cumple la ley, el ciudadano que financia al Estado y un sistema que se desgasta lentamente. El mensaje es claro: La ley es estricta para el ciudadano, pero flexible para el poder.
La conclusión es directa. Si un funcionario no distingue entre lo público y lo privado, no puede aspirar a gobernar. Y si además pretende sostener su defensa en argumentos que no resisten el sentido común, el problema ya no es solo legal: Es de credibilidad, de responsabilidad y de respeto a la sociedad.
Más allá de cualquier excusa de Ebrard, si su hijo o el hijo de cualquier otro político se aloja en una embajada, está cometiendo un delito al usar recursos públicos en su beneficio.
Así son estos cínicos, abusan del poder y son omisos, pero ellos creen que son grandes ejecutivos y honestos, pero Marcelo ya tiene muchos años en el gobierno y sabe muy bien qué sí y qué no se puede.
