AGENCIA
Veracruz, México.– A lo largo de 148 kilómetros, el río La Antigua recorre 27 municipios desde la Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México, sosteniendo actividades como la pesca, el turismo y el deporte. Sin embargo, la creciente contaminación por descargas de aguas residuales amenaza no sólo la economía local, sino también la biodiversidad de ecosistemas clave.
El deterioro del afluente impacta directamente en áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Cofre de Perote y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, conectando la montaña con el mar en un corredor ambiental estratégico.
Para las comunidades asentadas en la cuenca, el río representa mucho más que un recurso hídrico. Es parte de su identidad. “Si no amas tu territorio no lo vas a defender”, señala Alejandro Gallardo, habitante de Jalcomulco e integrante del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por Ríos Libres (PUCARL), organización que ha encabezado la defensa del afluente durante más de una década.
El movimiento comunitario surgió en 2013 ante la amenaza de un megaproyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa Odebrecht, que pretendía construir una presa de gran escala en la región. Tras años de movilización social, asambleas y vigilancia territorial, el proyecto fue frenado.
No obstante, los riesgos persisten. En 2022, las comunidades realizaron un monitoreo independiente del agua ante la falta de información oficial. Los resultados revelaron que el 100 por ciento (%) de los puntos analizados presentaban niveles elevados de la bacteria Escherichia coli, lo que evidencia contaminación por aguas residuales y representa un riesgo para la salud humana y la vida acuática.
Con base en estos hallazgos, los habitantes promovieron un amparo legal que derivó en una resolución histórica en 2025. Una jueza federal ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a 12 ayuntamientos y organismos municipales, implementar acciones inmediatas para reducir la contaminación en la cuenca.
El diagnóstico también evidenció la falta de infraestructura sanitaria, plantas de tratamiento inoperantes y descargas directas de aguas negras al río. En municipios como Jalcomulco, las aguas residuales llegan sin tratamiento al afluente, agravando el problema.
Además del impacto local, especialistas advierten que la contaminación se traslada río abajo hasta el Golfo de México, afectando arrecifes y ecosistemas marinos. Investigaciones recientes señalan que los residuos urbanos, agrícolas e industriales generan estrés ambiental, pérdida de biodiversidad y enfermedades en especies marinas.
Pese a la resolución judicial, la respuesta de las autoridades ha sido desigual. Mientras algunos municipios han mostrado disposición para atender el problema, otros han interpuesto recursos legales o han mantenido una respuesta limitada.
Ante este panorama, las comunidades han fortalecido su organización a través de asambleas regionales, monitoreo ciudadano y acciones legales. El objetivo es claro: Lograr el saneamiento del río y garantizar su preservación para futuras generaciones.
“El reto es político: Que quienes administran el agua cumplan con su responsabilidad”, señalan integrantes del movimiento, quienes advierten que la defensa del río continúa en una nueva etapa, enfocada no sólo en resistir amenazas, sino en recuperar un ecosistema vital para miles de personas.
