La “consentida” de Cazarín y su imperio de nepotismo.
Xalapa.- Aunque la Secretaría de Bienestar promete transparencia, su delegación en Veracruz es un hervidero de acusaciones de corrupción. El epicentro de la polémica es Angelli Zorrilla Bouchez, directora regional en Coatepec, apodada por fuentes internas como la “consentida” del delegado Juan Javier Gómez Cazarín. Múltiples denuncias revelan un sistema de nepotismo, sueldos inflados y el presunto blindaje de funcionarios irregulares.
Una de las protecciones más señaladas por fuentes internas es la de Juan Alfonso Briones Jiménez. Este “Servidor de la Nación” fue detectado en plataformas digitales con dos plazas activas, con un salario mensual de $16,059 pesos más complementos por $12,847.20 pesos, lo que constituye una irregularidad que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado previamente. La permanencia de Briones, señalan las mismas fuentes, se debe a un acto de protección política directa de Zorrilla Bouchez, quien lo resguarda por su cercanía con la estructura de poder.
La organización Ciudadanos por la Transparencia (CXTRANSPARENCIA) presentó una denuncia formal ante la Contraloría de la Secretaría del Bienestar por las irregularidades en la nómina a cargo de Zorrilla Bouchez. La denuncia fue aceptada bajo el FOLIO: 69875/2026 con fecha del 27 de abril de 2026.
La molestia entre los trabajadores de base estalló al descubrirse que Zorrilla Bouchez colocó a su propio esposo como chofer particular dentro de la nómina de Bienestar. Testigos califican la situación como un abuso que refleja la impunidad con la que opera la funcionaria:
· Salario mensual superior a los $35 mil pesos, casi el doble de lo que ganan la mayoría de los Servidores de la Nación en la región.
· Horarios flexibles que, según las inconformidades, le permiten atender asuntos personales en horario laboral.
· Cero rendición de cuentas ante sus superiores, pues al ser el esposo de la jefa, nadie se atreve a fiscalizar sus actividades.
Los trabajadores de base, cansados de los privilegios, han comenzado a emitir peticiones formales a la Gobernadora Rocío Nahle para que intervenga y “meta las manos” en las actividades del superdelegado Cazarín, a quien acusan de contratar bajo un sistema de amiguismo y nepotismo.
Un empleado consultado bajo condición de anonimato declaró: “Es indignante. Mientras nosotros tenemos que cumplir horarios estrictos y jornadas extenuantes por un salario apenas digno, ella le regala un sueldo de director a su marido solo por ser su chofer. Y por si fuera poco, le da horarios para que se tome el día y vaya por los niños a la escuela. La gobernadora tiene que poner orden”.
La arbitrariedad en los nombramientos alcanza otro nivel de escándalo: Zorrilla Bouchez ha sido señalada por brindar espacios laborales a elementos de la oposición política, específicamente de fuerzas identificadas como adversarias de Morena. La hipótesis es que funcionarios de administraciones pasadas son cobijados por la actual directora a cambio de lealtades personales, pasando por encima del perfil de los Servidores de la Nación.
Además, la gestión de Zorrilla Bouchez ha sido acusada por comités ciudadanos de imponer empresas y prestadores de servicios enviados directamente por Cazarín. Su administración también tomó la controvertida decisión de mudar el domicilio oficial de la región Bienestar Coatepec a su municipio natal, Banderilla, una acción que ha generado el rechazo de la ciudadanía y servidores públicos, quienes acusan que usó “la plenitud del pinche poder” (como lo calificó un ex trabajador en redes sociales) para centralizar la operación en su tierra.
A pesar de que los programas del Bienestar son de orden federal, la gobernadora Rocío Nahle ha guardado un silencio ensordecedor. Sin embargo, fuentes con conocimiento del tema recordaron que la gobernadora sabe muy bien quién es Angelli, pues su hermana es funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Banderilla, controlado actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN).
Este hecho ha puesto en una posición delicada a la mandataria estatal, ya que, mientras su hermana goza de un empleo en un ayuntamiento panista, los morenistas en la región de Coatepec sienten que se les juega en contra al no existir una purga de los actos de corrupción. La petición ciudadana es clara: que Nahle exija a Cazarín el cese de Angelli Zorrilla y el fin de los privilegios para su esposo.
Contexto: Este caso se suma a una larga lista de irregularidades en los “Servidores de la Nación”. La ASF ya había detectado pagos indebidos por más de 561 millones de pesos a nivel nacional por esta figura laboral, mientras que el mismo Cazarín fue señalado en 2026 por designar a una colaboradora cuyo hermano estaba vinculado con el crimen organizado.
