AGENCIA
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presenta deficiencias que impiden su trámite en territorio nacional.
Tras revisar la documentación enviada por el Departamento de Justicia estadounidense, la Fiscalía señaló que solicitará información complementaria, así como pruebas que respalden los señalamientos contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, afirmó que no se concederá ninguna extradición sin sustento probatorio suficiente y anunció el inicio de una investigación independiente en México.
Entre las inconsistencias detectadas, la FGR destacó la ausencia de datos de prueba y la falta de acreditación de la urgencia de la medida, requisito indispensable para ordenar una detención provisional. En este sentido, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, subrayó que no existe evidencia que justifique dicha urgencia.
La dependencia recordó que, conforme a la legislación mexicana y al tratado bilateral de extradición, este tipo de solicitudes solo puede proceder cuando se presentan pruebas suficientes que cumplan con los estándares legales del país requerido.
Asimismo, indicó que el expediente recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 28 de abril no demuestra la participación de Rocha Moya en una presunta conspiración para proteger a dicha organización criminal.
La FGR también cuestionó la difusión pública de información relacionada con el caso por parte de autoridades estadounidenses, al considerar que contraviene el carácter confidencial que deben mantener estos procedimientos de cooperación internacional.
Ante este escenario, la Fiscalía solicitó formalmente a Estados Unidos el envío de pruebas adicionales que permitan evaluar con mayor claridad las acusaciones, al tiempo que inició una indagatoria propia para determinar si existen elementos que sustenten los señalamientos.
En la investigación también se menciona a otros actores políticos, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el caso debe resolverse bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía, y señaló que, en caso de existir pruebas contundentes, las autoridades mexicanas deberán actuar conforme a derecho.
Así debería ser de rápida la justicia para todos los mexicanos. Estos solo estan ganando tiempo para poder esconder y quemar lo más posible de información antes de que caigan.
¡Claro son la misma mafia! Entre ellos no se pueden poner, el jefe desde Palenque dando órdenes, siente que si caen sus cabezas él también se va.
