AGENCIA
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no permitirá la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos, tras la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier proceso de extradición deberá sustentarse en pruebas “contundentes e irrefutables”, y advirtió que, de no existir elementos sólidos, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen solo al gobierno de México”, sostuvo, al tiempo que reiteró que su administración no protegerá a nadie que haya cometido un delito.
Sheinbaum enfatizó que la relación de México con otras naciones se basa en la igualdad y no en la subordinación, destacando como ejes la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense, Rocha Moya es señalado, junto con otros funcionarios como el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, de presuntamente participar en un esquema de protección al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos.
Las acusaciones incluyen supuestos actos para evitar investigaciones, detenciones y procesos judiciales contra integrantes del grupo criminal, así como la presunta filtración de información confidencial de seguridad.
La presidenta cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses, al señalar que se basan en el testimonio de una persona y documentos que consideró insuficientes.
Asimismo, destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud de extradición el pasado 28 de abril y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de determinar si existen elementos para proceder conforme a la ley.
Finalmente, Sheinbaum señaló que, una vez concluida la investigación, la FGR deberá emitir su opinión jurídica para que la Cancillería defina si la solicitud de extradición es procedente o no, conforme al marco legal mexicano.
