AGENCIA
Sinaloa.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo una suspensión judicial que impide temporalmente cualquier intento de captura, detención o entrega a autoridades de Estados Unidos, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La medida fue concedida por el Juzgado Tercero de Distrito de Michoacán, encabezado por el juez Rafael Linares Rivera, dentro del expediente 539/2026.
De acuerdo con la resolución, queda suspendido cualquier acto relacionado con la localización, aseguramiento, detención provisional o proceso de extradición contra el exfuncionario, al menos hasta la audiencia programada para el próximo 1 de junio, fecha en la que se determinará si la suspensión será definitiva.
Gerardo Mérida Sánchez estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 durante la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El exmilitar se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros exintegrantes del gobierno sinaloense, por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.
Entre los señalamientos que han trascendido se encuentra la presunta recepción de sobornos por hasta 100 mil dólares mensuales, supuestamente entregados por la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, con el objetivo de facilitar sus operaciones en el estado.
Las investigaciones estadounidenses también apuntan hacia una posible red de funcionarios vinculados con estructuras del narcotráfico, situación que ha incrementado la presión sobre el gobierno sinaloense y las autoridades mexicanas.
Mérida Sánchez llegó a la dependencia estatal tras una trayectoria dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa. Sin embargo, su administración estuvo marcada por cuestionamientos sobre el control de los cuerpos policiacos y el aumento de la violencia en diversas regiones del estado.
Con este amparo, el exsecretario gana tiempo legal mientras avanzan las investigaciones y se prepara la audiencia que definirá su situación jurídica en un caso que también ha generado tensión en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
