AGENCIA
BOCA DEL RÍO.- Mientras la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya llevó el caso ante un juez y obtuvo audiencia inicial para el próximo 18 de mayo, el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Boca del Río, Gustavo Pavón Alemán, continúa despachando normalmente y conservando el control de una de las oficinas más sensibles del sistema patrimonial en Veracruz.
La permanencia del funcionario en el cargo comienza a generar cuestionamientos entre abogados y sectores empresariales, debido a que el asunto que será ventilado judicialmente involucra presuntas irregularidades registrales de enorme impacto patrimonial.
El caso gira alrededor de anotaciones de embargo que permanecieron vigentes sobre bienes propiedad de INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INTRA VERACRUZ SA DE CV, pese a que la empresa no formaba parte del juicio mercantil del cual derivaron dichas afectaciones.
Documentos judiciales refieren que autoridades jurisdiccionales de Monterrey aclararon desde 2025 que los bienes afectados no pertenecían a los demandados del juicio original y ordenaron cancelar cualquier anotación indebida.
Sin embargo, los gravámenes continuaron apareciendo en el Registro Público de Boca del Río.
La situación se volvió todavía más delicada cuando comenzaron a surgir constancias donde presuntamente se reportaba cumplimiento de órdenes judiciales, mientras los registros seguían reflejando afectaciones sobre propiedades privadas ajenas al litigio.
Para especialistas consultados, el hecho de que un funcionario señalado en una investigación de esta magnitud permanezca al frente del Registro Público manda un mensaje preocupante sobre los mecanismos de control institucional en Veracruz.
“No estamos hablando de una oficina cualquiera. El Registro Público tiene capacidad de afectar operaciones millonarias, bloquear propiedades, generar incertidumbre jurídica y alterar la situación patrimonial de particulares mediante simples anotaciones registrales”, señalaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
El asunto ya empieza a ser relacionado en círculos legales con posibles esquemas de operación ligados al llamado “cártel inmobiliario” denunciado en distintas regiones del estado, donde durante años han existido acusaciones sobre manipulación registral, tráfico de influencias y utilización de estructuras públicas para beneficiar intereses privados.
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ha explicado públicamente por qué Gustavo Pavón Alemán continúa en funciones a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó el caso y solicitó audiencia ante un juez de control.
La audiencia inicial del próximo 18 de mayo podría convertirse en uno de los casos más explosivos para el sistema registral veracruzano en los últimos años.
