AGENCIA
Ciudad de México.– La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de incorporar a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) ha abierto un nuevo frente de tensión política, judicial y financiera en el país, en medio de señalamientos que provienen de reportes internacionales y alertas bancarias.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se activó tras alertamientos emitidos por instituciones financieras mexicanas con vínculos de corresponsalía en Estados Unidos, lo que detonó revisiones automáticas dentro del sistema bancario nacional. La UIF sostuvo que se trata de acciones preventivas y administrativas, sin que ello implique una sentencia o determinación de responsabilidad penal.
Entre los nombres difundidos en torno al caso figuran figuras de alto perfil político en Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, además de exmandos policiales y otros exfuncionarios estatales.
El alcance de las señalamientos ha generado un impacto político inmediato, al tratarse de servidores públicos en funciones o con trayectoria reciente dentro del aparato de seguridad y finanzas del estado. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial firme que sustente las imputaciones difundidas en el contexto del caso.
La UIF explicó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas responde a un mecanismo de prevención del sistema financiero, cuyo objetivo es evitar operaciones que puedan estar relacionadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito, conforme a estándares internacionales de cooperación.
El organismo federal subrayó que las personas incluidas mantienen intactos sus derechos legales, incluyendo la posibilidad de presentar recursos de defensa, audiencias y procedimientos jurisdiccionales para impugnar las medidas adoptadas.
El caso ocurre en un contexto en el que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia financiera y de seguridad ha intensificado el intercambio de información, especialmente en entidades como Sinaloa, donde históricamente se han abierto investigaciones vinculadas al crimen organizado y estructuras de protección institucional.
Analistas del sistema financiero advierten que este tipo de bloqueos preventivos, aunque no implican culpabilidad, sí tienen un efecto inmediato en la operación política y económica de los señalados, al congelar movimientos bancarios y restringir acceso a servicios financieros mientras se desarrollan las revisiones correspondientes.
Hasta el cierre de esta edición, la SHCP y la UIF no han precisado el número total de personas incluidas en esta actualización de la lista ni han detallado el alcance individual de las medidas aplicadas.
El caso permanece en desarrollo y bajo revisión, en un escenario donde la frontera entre la investigación financiera, la presión política y la cooperación internacional vuelve a colocarse en el centro del debate nacional.
e¡Ya para qué! Si ya movieron sus millones a paraísos fiscales, les dieron muchos días para poder hacerlo. Jamás se había visto tanto desorden y corrupción, como hoy en día.
