De la redacción
El Buen Tono

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, anunció este martes que un grupo de 300 personas será liberado entre esta semana, incluyendo a tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Durante la sesión ordinaria del Parlamento venezolano, Rodríguez informó que las liberaciones comenzaron desde el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por participar en un ataque marítimo fallido contra el gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

“Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad, algunas relacionadas en hechos, en delitos demostrados, pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas”, declaró Rodríguez.

El diputado también indicó que entre los beneficiados habrá mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

El anuncio ocurre tres meses después de la aprobación de una ley de amnistía y en medio de exigencias de organizaciones no gubernamentales y partidos opositores para que se investigue de manera independiente la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas. El gobierno venezolano informó sobre su fallecimiento el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias por parte de su madre, Carmen Teresa Navas, quien murió el domingo pasado.

La decisión también se da una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su administración buscará la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela.

Entre los liberados se encuentran los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, quienes fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados de disparar contra civiles durante los hechos del 11 de abril de 2002.

Ese día, en medio de una huelga convocada por sectores empresariales y protestas opositoras, Venezuela vivió una fuerte crisis política cuando una marcha se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. En las inmediaciones de Puente Llaguno se registraron enfrentamientos armados que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.