De la redacción
El Buen Tono
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que solicita a las instituciones financieras reforzar la revisión de la ciudadanía de sus clientes, como parte de su estrategia para endurecer las medidas contra personas que viven en el país sin autorización legal.
La medida instruye a los reguladores bancarios y a dependencias federales a identificar posibles casos en los que personas sin estatus migratorio regular abran cuentas, soliciten préstamos o accedan a tarjetas de crédito. Sin embargo, el alcance de la orden es menor al que se había anticipado, ya que no obliga directamente a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía.
En el documento oficial se argumenta que la presencia de clientes que podrían ser deportados representa un riesgo financiero, al no garantizarse el pago de créditos o préstamos en caso de que pierdan su residencia en el país. La administración federal sostiene que no se debe permitir la exposición del sistema financiero a estos riesgos.
Hasta ahora, los bancos no han recopilado de forma sistemática información sobre ciudadanía o estatus migratorio, por lo que no existen datos precisos sobre el impacto real de este sector en la estabilidad del sistema financiero.
Un análisis del Urban Institute estimó que se han otorgado entre cinco mil y seis mil hipotecas a personas que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), un documento comúnmente usado por trabajadores sin documentación migratoria. El estudio señala que las instituciones financieras mantienen cautela al otorgar créditos bajo este esquema, mientras que entidades como Fannie Mae y Freddie Mac suelen limitar su participación en este tipo de operaciones.
La Casa Blanca había evaluado en semanas anteriores la posibilidad de una orden más estricta, que hiciera obligatoria la verificación del estatus migratorio al abrir cuentas bancarias. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había señalado la necesidad de endurecer las reglas financieras, cuestionando cómo las instituciones pueden “conocer a su cliente” sin verificar su situación legal.
El sector bancario, por su parte, había expresado preocupación ante una eventual obligación de recopilar estos datos, argumentando que implicaría altos costos operativos y un incremento significativo de trámites administrativos. Finalmente, la versión aprobada se limita a recomendaciones, sin imponer obligaciones directas.
Organizaciones defensoras de derechos de migrantes advierten que este tipo de políticas podría llevar a que personas sin estatus migratorio formal se alejen del sistema financiero. Además, señalan que otras decisiones recientes ya han limitado el acceso de ciertos grupos a beneficios fiscales y programas de apoyo, lo que afecta también a beneficiarios de programas como DACA y a personas con estatus de protección temporal.
