De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La prioridad del Instituto de la Mujer parece ser la imagen institucional más que la protección de las víctimas, mientras Córdoba escala en violencia familiar y delitos sexuales. En Cosoleacaque, dos mujeres fueron asesinadas y arrojadas desde una camioneta con huellas de tortura.
La furia feminicida no distingue geografías ni colores partidistas, pero en Córdoba la respuesta institucional sigue ausente pese a la emergencia. Mientras en un municipio vecino los cuerpos de una madre y su hija quedaban en el pavimento, aquí las cifras oficiales ya colocaban a la ciudad como foco rojo de violencia de género. Según el Secretariado Ejecutivo, en enero de 2026 Córdoba fue el tercer municipio con más casos de violencia familiar en Veracruz, con 36 denuncias. En el primer trimestre acumuló 134 víctimas de violencia familiar y 212 en total entre delitos familiares y sexuales. Córdoba ocupa posiciones críticas: segundo municipio en violación a la intimidad sexual (11 casos entre enero y abril), tercero en violencia familiar (161), tercero en violación simple (7) y en otros delitos contra la familia (16). En hostigamiento sexual comparte segundo lugar estatal.
La respuesta municipal ha sido contradictoria: el 17 de abril el alcalde Manuel Alonso inauguró en privado las nuevas oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, en un inmueble señalado como propiedad de su familia, sin medios, sin transparencia y en medio de una investigación de la Contraloría por omisiones de su titular, Mónica Ponce Zamudio. l expediente OIC/EPRA/INV/009/2026 se abrió tras la queja de Monserrat N., víctima de violencia familiar que acusó a la directora y a la asesora jurídica del IMM por “abandono, omisión y falta de profesionalismo” en el seguimiento de su proceso penal. Según la denuncia, no fue notificada de una apelación promovida por su agresor, lo que generó dilación procesal.
La víctima señaló que la asesora jurídica le exigió hacer gestiones personalmente y que la directora minimizó los plazos legales, en una negligencia que pudo favorecer al agresor. No es un caso aislado: Nancy Portilla, víctima de tentativa de feminicidio en enero de 2025, revocó la representación del Instituto por la “ineficiente y precaria” atención del personal.
Mientras las mujeres cordobesas enfrentan una ola de violencia que las coloca entre los primeros lugares estatales en delitos del fuero familiar y sexual, las autoridades parecen más empeñadas en resguardar la imagen institucional y rentar oficinas a familiares, que en garantizar justicia y protección. Lo que está en juego no es la apariencia de un edificio, sino la vida de las mujeres. Y en Córdoba, la realidad es que las políticas públicas siguen quedándose cortas, cuando no siendo cómplices por omisión.
