Ciudadanos acusan corrupción y aplicación selectiva de la ley por parte del gobierno de Manuel Alonso Cerezo
REDACCIÓN EBT
Córdoba, Ver.- El nuevo conflicto entre vendedores ambulantes, personal de Comercio y Policía Municipal durante el desfile del 21 de Mayo volvió a exhibir lo que ciudadanos consideran el verdadero problema del gobierno de Manuel Alonso Cerezo: la corrupción y la aplicación selectiva de la ley.
Luego de que una mujer que vendía pambazos junto a su hija fuera hostigada y amenazada por personal municipal para retirarse del lugar, crecieron las críticas contra el Ayuntamiento, no por impedir el ambulantaje, sino porque las autoridades actúan solamente contra algunos mientras a otros les permiten vender sin problemas.
“La molestia no es que no dejen vender; la molestia es que a unos sí les permiten y a otros no”, señalaron ciudadanos inconformes, quienes acusaron que el actual gobierno mantiene las mismas prácticas de favoritismo y corrupción que tanto criticaron administraciones anteriores.
Para comerciantes y ciudadanos, si el Ayuntamiento aplicara la ley de manera pareja no existirían tantos reclamos ni enfrentamientos, pues todos sabrían que nadie puede instalarse fuera de reglamento.
Sin embargo, denunciaron que en Córdoba existen vendedores tolerados, protegidos o incluso respaldados políticamente, mientras otros son perseguidos, retirados o amenazados por personal de Comercio y elementos policiacos.
“La ley debe aplicarse sin distingos”, reclamaron ciudadanos, quienes consideran que el verdadero enojo social nace de la percepción de que el gobierno municipal decide a quién castigar y a quién beneficiar.
Las críticas contra Manuel Alonso también crecieron porque mientras se realizan operativos contra vendedores o espacios culturales independientes, otros problemas de la ciudad continúan fuera de control, como el ambulantaje desordenado, bares funcionando fuera de horario y conflictos constantes en el primer cuadro.
Incluso ciudadanos recordaron el reciente caso de Foro Córdoba, donde el Ayuntamiento fue señalado de actuar con exceso y construir una narrativa contra jóvenes y espacios culturales, mientras otros sectores siguen operando sin la misma presión oficial.
Para muchos cordobeses, el problema ya no es únicamente el comercio informal, sino un gobierno acusado de utilizar la autoridad de manera discrecional y bajo intereses particulares.
Mientras tanto, la inconformidad continúa creciendo en redes sociales, donde ciudadanos exigen que si el Ayuntamiento quiere imponer orden, primero deje de actuar con favoritismos y corrupción.
