De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La narrativa de Orizaba como una de las ciudades más seguras del país comienza a resquebrajarse frente a una cadena de hechos violentos que ya no pueden ocultarse ni maquillarse con campañas turísticas, acusó el representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, Jairo Guarneros Sosa, quien señaló que los asaltos, robos, desapariciones y ejecuciones evidencian el fracaso del modelo de seguridad presumido durante años por el grupo político que sigue controlando el municipio.
El activista sostuvo que la violencia dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una realidad cotidiana que golpea a la ciudadanía mientras las autoridades permanecen paralizadas. Recordó que entre los casos más alarmantes están los asaltos a mano armada, robos a transeúntes, robo de vehículos, desapariciones forzadas y recientemente la ejecución de un hombre y las lesiones sufridas a una mujer en una colonia de la ciudad a plena luz del día. “Todo esto nos hace pensar que lo que construyeron no era más que una gran mentira que también se le vendía al turismo”, expresó.
Cuestionó que, pese a los millonarios recursos invertidos durante años en videovigilancia y tecnología, los resultados sean prácticamente inexistentes. Afirmó que Orizaba cuenta con cámaras de alta calidad y un sistema de monitoreo que podría ser eficaz si se utilizara de manera adecuada y sin sospechas de complicidad. Además, criticó que mientras la inseguridad crece, el gobierno municipal se mantiene enfocado en proyectos de imagen y recreación, ignorando el deterioro social y el temor ciudadano. Incluso acusó que el actual presidente municipal Hugo Chahín Kuri actúa únicamente como una figura decorativa obedeciendo instrucciones de quién continúa ejerciendo el poder político en el municipio refiriéndose a Juan Manuel Diez Francos.
También advirtió que en Orizaba se han detectado diversas casas de seguridad, lo que, dijo, debería encender las alarmas de las autoridades ante la posibilidad de una operación criminal más amplia dentro de la ciudad.
Finalmente reclamó que los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones claras ante el alto costo de vida, mientras el ayuntamiento privilegia estructuras burocráticas y cargos cuestionados en lugar de atender la crisis de seguridad.
