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De la redacción
El Buen Tono

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, en el estado de Morelos, habrían formado parte de una estructura ligada al crimen organizado encabezada por un presunto líder regional identificado como “El Barbas”.

De acuerdo con una orden de aprehensión y una investigación ministerial, esta red conocida de forma local como “La Empresa” buscaba tomar control de municipios estratégicos con el objetivo de facilitar operaciones ilícitas, influir en la administración pública y acceder a recursos gubernamentales.

Las autoridades señalan que el alcalde de Cuautla, actualmente prófugo, y el alcalde de Atlatlahucan, detenido recientemente en un operativo federal, habrían permitido el uso de recursos materiales, humanos y de seguridad pública para beneficio de este grupo.

La investigación también apunta a que el presunto líder habría ejercido presión y amenazas para influir en decisiones políticas dentro del estado, buscando acuerdos que permitieran su operación y el control de actividades en la región.

Un testimonio incluido en el expediente refiere intentos de intervención en nombramientos municipales, así como la intención de influir en procesos electorales y el financiamiento de campañas a cambio de participación en ganancias ilícitas.

El documento ministerial detalla además que desde la Tesorería de uno de los ayuntamientos se habría implementado un esquema de cobros irregulares a comerciantes, bajo el argumento de trámites administrativos, donde una parte del pago era registrada oficialmente y otra exigida en efectivo.

Asimismo, se indica que funcionarios colocados en áreas clave habrían facilitado el control de contratos, licitaciones y permisos de construcción, extendiendo la operación a dependencias como Catastro, Obras Públicas y otras áreas administrativas.

Un análisis de inteligencia federal citado en la investigación considera a varios municipios de Morelos como zonas de interés para estructuras del crimen organizado, por su ubicación estratégica y actividad económica.

El operativo federal permitió la detención de siete personas, de las cuales seis ya fueron vinculadas a proceso y permanecen recluidas en un penal federal en el estado de Sonora.

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