De la redacción
El Buen Tono
Miles de personas salieron este domingo a las calles del centro de Madrid para manifestarse contra el aumento acelerado de los precios de los alquileres y la falta de viviendas accesibles, en una de las movilizaciones más numerosas registradas recientemente en la capital española.
La protesta fue convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”, y reunió a organizaciones sociales y sindicales, incluyendo el respaldo de UGT y CCOO. Durante la marcha, los participantes exigieron al Gobierno una intervención urgente para frenar la escalada de precios que afecta especialmente a jóvenes y trabajadores.
De acuerdo con los organizadores, la asistencia superó las 100 mil personas, mientras que la delegación del Gobierno en la región estimó cerca de 23 mil participantes. Las diferencias reflejan la magnitud del descontento social en torno a la crisis habitacional.
El problema de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en España, impulsado por el aumento de la demanda, el crecimiento demográfico y el impacto del turismo, mientras que la oferta de vivienda pública en alquiler sigue siendo insuficiente. Según datos del portal inmobiliario Idealista, los precios de los alquileres se han duplicado en la última década, superando ampliamente el crecimiento de los salarios.
El Banco de España ha estimado además que entre 2021 y 2025 existe un déficit de alrededor de 700 mil viviendas en el país, lo que agrava la presión sobre el mercado inmobiliario.
Durante la manifestación, voces de los afectados describieron situaciones de precariedad, con familias obligadas a compartir espacios reducidos o destinar gran parte de sus ingresos al pago de renta. Algunos testimonios señalaron que hasta el 70% del salario se destina al alquiler, dejando poco margen para el ahorro o gastos básicos.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha impulsado recientemente un fondo de inversión pública para intentar aliviar la crisis de la vivienda, aunque las organizaciones sociales consideran que las medidas avanzan lentamente frente a la magnitud del problema.
