AGENCIA
Hermosillo, Sonora.- La jueza oral penal Blanca Diva Ponce Caro presentó su renuncia definitiva e irrevocable al Poder Judicial del Estado de Sonora luego de verse envuelta en una controversia por participar en actividades partidistas vinculadas a Morena, situación que generó cuestionamientos sobre una posible incompatibilidad constitucional.
Ponce Caro había resultado electa como jueza en el proceso judicial de 2025 y posteriormente fue nombrada secretaria de la sección 899 de Morena en el municipio de Cajeme, hecho que desató críticas debido a las restricciones legales que existen para jueces en funciones respecto a ocupar cargos partidistas.
Ante los señalamientos públicos, Morena Sonora informó que la funcionaria fue retirada de la estructura territorial del partido al reconocer que mantenía responsabilidades administrativas incompatibles con actividades político-partidistas.
En un comunicado oficial, el partido señaló que, aunque los comités seccionales son espacios de organización sin remuneración, la decisión se tomó para cumplir con los principios internos y evitar conflictos relacionados con la legalidad y la imparcialidad institucional.
La polémica tomó mayor relevancia debido a que la Constitución Política del Estado de Sonora establece limitaciones para que integrantes del Poder Judicial desempeñen otros cargos, empleos o comisiones ajenas a su función, con el propósito de preservar la independencia judicial.
Además de removerla de la estructura partidista, Morena Sonora anunció que iniciará el procedimiento para dar de baja a Blanca Diva Ponce Caro del padrón de militantes ante la autoridad electoral correspondiente.
El lugar vacante dentro de la sección 899 será ocupado por Georgina López Zepeda, quien obtuvo el tercer lugar durante el proceso interno de elección partidista.
Horas después del posicionamiento emitido por Morena, la ahora exjueza formalizó su salida del Poder Judicial con efectos a partir del 24 de mayo de 2026.
En el documento dirigido al Órgano de Administración del Poder Judicial estatal, Ponce Caro afirmó que tomó la decisión para privilegiar “el respeto a la legalidad, a la imparcialidad institucional y a la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
Asimismo, sostuvo que su renuncia busca evitar interpretaciones o señalamientos relacionados con su reciente participación en actividades políticas.
“Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública”, expresó.
El caso abrió un nuevo debate político y jurídico en Sonora sobre los límites entre la función judicial y la militancia partidista, especialmente tras la implementación de elecciones judiciales en México.
