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De la Redacción
El Buen Tono

Córdoba, Ver.– El Centro de Salud Animal reporta la recepción de un solo perro en mayo y admite la nula aplicación de multas a pesar de recibir 89 quejas por maltrato. La Regidora Quinta, Nayibe Sacre González, oculta su productividad tras el silencio administrativo

El sistema de protección y bienestar animal en Córdoba enfrenta un colapso institucional provocado por la inacción punitiva, el subregistro de datos operativos y la falta de rendición de cuentas de las autoridades encargadas de supervisar el sector.

Los folios de transparencia 950546126000466 y 950546126000463 revelan que el gobierno local carece de una política pública efectiva para sancionar la violencia hacia los animales.

Impunidad institucionalizada: 89 quejas, cero multas

El informe oficial firmado por el titular del Centro de Salud Animal (CSA), Héctor Espinoza Guillén, confirma el nulo impacto coercitivo de la dependencia. El Oficio Núm. 70/CSA/2026 establece que la dependencia recibió un total de 89 quejas ciudadanas por presunto maltrato y abandono animal durante el mes de abril de 2026.

A pesar del volumen de denuncias, el funcionario admitió textualmente: “no se cuenta con multas impuestas por infracción a la normativa del centro”.
El CSA justifica la ausencia de sanciones económicas o administrativas argumentando que los casos se catalogan bajo “condiciones inadecuadas para la tenencia de mascotas” y se resuelven mediante “acciones de orientación, verificación y seguimiento” de carácter verbal.

Subregistro de datos: El absurdo de un solo ingreso mensual

La numeralia que presenta el Centro de Salud Animal de Córdoba expone una desconexión total con la realidad de las calles del municipio. Al ser cuestionado sobre las estadísticas de ingresos por abandono, rescate o entrega voluntaria durante el año 2026, el encargado reportó formalmente que en el mes de mayo ingresó un único ejemplar canino (el caso de un perro de dos años llamado “Roky”, abandonado en la vía pública tras la separación de sus dueños).

La fiscalización de estas irregularidades se encuentra bloqueada en el propio Cabildo de Córdoba. A través de la solicitud de información 950546126000466, se requirió a la Regidora Quinta, Nayibe Sacre González, de la Comisión de Salud y Bienestar Animal, la entrega de las actas de sesiones de su comisión, las propuestas de reforma al reglamento presentadas ante el pleno y las evidencias de las inspecciones físicas realizadas al CSA durante el ejercicio 2026.

La funcionaria decidió no emitir respuesta alguna dentro de los plazos legales establecidos por la Plataforma Nacional de Transparencia, incurriendo en una omisión administrativa que oculta la inactividad de su comisión.

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