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AGENCIA

Xalapa, Ver.- Docentes y evaluadores de competencias lingüísticas denunciaron que autoridades educativas pretenden repetir el examen aplicado el pasado 11 de mayo a aspirantes de Educación Indígena, una medida que, aseguran, podría afectar a más de 600 participantes en distintas regiones de Veracruz.

La protesta se realizó este viernes frente a la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa, donde se desarrollaba una nueva jornada de evaluación correspondiente al proceso de admisión para plazas docentes.

Los inconformes señalaron que la evaluación original se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos y bajo la supervisión de autoridades educativas y representantes de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).

Eder Ramírez, vocero de los aplicadores, afirmó que durante la jornada del 11 de mayo no se registraron anomalías y que todo el proceso quedó debidamente documentado.

Explicó que los exámenes llegaron en sobres sellados, fueron abiertos en presencia de supervisores y nuevamente resguardados al concluir la aplicación para su traslado a Xalapa.

La decisión de repetir la prueba surgió después de que en redes sociales se difundieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la asignación de plazas y supuestos casos de exámenes aprobados sin haber sido contestados.

Sin embargo, los evaluadores rechazaron esas acusaciones y aseguraron que no existe ninguna inconformidad formal presentada ante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) ni ante la Dirección de Educación Indígena.

También cuestionaron que la notificación para una nueva evaluación se haya realizado únicamente por correo electrónico, ya que muchos aspirantes viven en comunidades rurales con acceso limitado a internet, energía eléctrica y transporte.

Los manifestantes advirtieron que esta situación podría perjudicar a numerosos participantes que consideran concluido el proceso y que podrían no enterarse oportunamente de una nueva convocatoria.

Asimismo, solicitaron a las autoridades educativas investigar tanto las denuncias de presunto fraude difundidas en redes sociales como la posible filtración de exámenes, antes de tomar una decisión que impacte a cientos de aspirantes.

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