Agencias
Ciudad de México.- El escándalo protagonizado por el diputado federal veracruzano Zenyazen Escobar García en la Cámara de Diputados no sólo exhibió el nivel de confrontación que impera en el Congreso, sino también la disposición de Morena para justificar conductas que, en cualquier otro contexto, serían condenadas de inmediato. Tras el reto a golpes lanzado por el exsecretario de Educación de Veracruz contra un legislador del PRI, el coordinador morenista Ricardo Monreal salió a defenderlo y restó importancia a los hechos.
En lugar de reprobar que un diputado federal recurriera a amenazas físicas en pleno recinto legislativo, Monreal centró su defensa en negar que Zenyazen estuviera alcoholizado y atribuyó su reacción al cansancio y la tensión de una larga sesión. Para sus críticos, el mensaje es claro: el problema no fue la actitud agresiva, sino la acusación de que estaba ebrio. La violencia, al parecer, quedó en segundo plano.
Las declaraciones del líder parlamentario generaron cuestionamientos porque normalizan una conducta impropia de un representante popular. Mientras millones de mexicanos esperan que sus legisladores debatan, argumenten y construyan acuerdos, uno de los diputados de Morena terminó en posición de boxeador dentro del Congreso y, lejos de recibir una llamada de atención, fue arropado por la dirigencia de su bancada.
La contradicción es evidente. Morena suele exigir respeto a las instituciones, condenar discursos de odio y criticar actos de violencia política; sin embargo, cuando uno de sus propios legisladores protagoniza un episodio de agresividad, la narrativa cambia y aparecen las justificaciones. El discurso de la responsabilidad institucional parece aplicarse con distinta vara dependiendo de quién cometa la falta.
Más preocupante aún es que Monreal haya optado por bromear sobre el incidente y destacar que Zenyazen “sí sabe pelear”, trivializando una conducta que ocurrió en el máximo órgano de representación popular del país. Para analistas, ese tipo de declaraciones envían una señal de permisividad y contribuyen a deteriorar aún más la imagen de un Congreso que arrastra niveles históricos de desconfianza ciudadana.
El caso ha abierto un debate que va más allá de Zenyazen Escobar. La pregunta que surge es si Morena está dispuesto a exigir a sus propios cuadros el mismo nivel de responsabilidad que demanda a sus adversarios políticos o si, una vez más, la disciplina y la ética pública quedan subordinadas a la defensa de los integrantes del movimiento. Lo ocurrido en San Lázaro no sólo exhibió a un diputado perdiendo los estribos; exhibió también a una dirigencia dispuesta a justificarlo.
