De la Redacción
El Buen Tono
Río Blanco.- Comerciantes del mercado denunciaron a dos funcionarias del ayuntamiento de José Antonio May González, de exigir dinero a cambio de asignar o puedan conservar un puesto en el tianguis local, utilizaron el nombre del edil como garantía del “favor”.
Indicaron que mientras en los pasillos del zoco las quejas se convierten en un clamor, en el despacho de la presidencia reina un silencio que los locatarios interpretan como complicidad.
Aseguraron que la respuesta del alcalde ante la situación es hacer caso omiso, lo que también es corrupción, de las acusaciones, por lo que deja a su personal operar en una zona de impunidad.
“Es algo insostenible, un abuso de poder que nos afecta a todos”, expresaron los quejosos.
Señalaron como responsables a la jefa de Comercio Municipal, Yessenia, y a Luz María, adscrita al área.
De acuerdo con testimonios de los locatarios que pidieron el anonimato por temor a represalias, el modus operandi es directo y sin disimulo, las funcionarias prometen un espacio fijo bajo un precio por la gestión.
“Nos informaron que la indicación es del alcalde, José Antonio May González, para acomodarnos y evitar que inspectores de Comercio nos molesten, para ello hay que cooperar con cierta cantidad, de lo contrario, pueden removernos o hasta quitarnos el puesto”, se quejaron.
Las cuotas, según las versiones, varían dependiendo de la ubicación y el giro comercial, pero oscilan entre los dos y cinco mil pesos, en algunos casos, con pagos periódicos disfrazados de permisos.
Lo que aumentó la indignación, además de la conducta de las dos servidoras públicas, fue la indiferencia con la que el presidente municipal manejó las denuncias.
Afirmaron que, desde hace semanas, buscaron tratar el problema en la oficina del funcionario, pero recibe las quejas con evasivas o, peor aún, sin acción.
La falta de atención de May González hacia un conflicto que involucra a su personal de primer nivel contribuye al desgaste de su administración y configura un escenario de corrupción estructural tolerada desde la cúpula del ayuntamiento.
La omisión, que también es corrupción, de un gobernante ante actos de extorsión cometidos en su nombre puede generar responsabilidades administrativas y penales, pero especialmente, fractura la confianza de una base trabajadora y comercial que se siente utilizada para engrosar bolsillos ajenos bajo el amparo del poder municipal en funciones.
