AGENCIA
Veracruz ha sido durante años laboratorio de decisiones políticas que desafían la lógica administrativa. Sin embargo, pocos casos ilustran con tanta claridad los efectos del compadrazgo y la improvisación en el servicio público como el ascenso político de Zenyazen Roberto Escobar García.
Su pasado como bailarín exótico bajo el nombre artístico de “Tarzan Boy” no debería ser motivo de juicio. Todo trabajo honesto merece respeto. Lo cuestionable no es de dónde proviene un funcionario, sino bajo qué criterios se le confían responsabilidades que impactan la vida de millones de ciudadanos.
El problema comenzó cuando la preparación, la experiencia y el conocimiento técnico dejaron de ser requisitos para ocupar cargos públicos estratégicos. En Veracruz, la Secretaría de Educación, una de las dependencias más importantes del estado, terminó en manos de un personaje cuya principal credencial política era su cercanía con el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su papel como operador dentro de movimientos magisteriales.
La apuesta fue presentada como un acto de inclusión y cercanía con las bases sociales. Sin embargo, para muchos críticos representó una peligrosa normalización de la improvisación en el gobierno. La educación de millones de estudiantes quedó subordinada a la lógica de las lealtades políticas y no a la capacidad profesional.
Hoy, años después, el debate resurge con fuerza tras los hechos ocurridos en la Cámara de Diputados. Durante una sesión marcada por la confrontación política, Zenyazen Escobar volvió a colocarse en el centro de la polémica por protagonizar altercados verbales y físicos que derivaron en señalamientos de legisladores opositores.
Las imágenes difundidas desde San Lázaro muestran escenas que poco tienen que ver con la responsabilidad parlamentaria y mucho con el deterioro de la discusión pública. Empujones, desafíos y acusaciones cruzadas terminaron convirtiendo una sesión legislativa en un espectáculo que alimenta el descrédito de las instituciones.
A ello se suman otros episodios recientes que han colocado nuevamente al legislador bajo el reflector mediático, incluyendo controversias relacionadas con versiones sobre embarcaciones de lujo y situaciones que han generado cuestionamientos públicos sobre la congruencia entre el discurso político y el estilo de vida de algunos representantes populares.
Más allá de la figura de Zenyazen Escobar, el fondo del problema es otro. Su trayectoria simboliza una práctica que durante años ha debilitado a las instituciones: convertir los cargos públicos en recompensas políticas y no en responsabilidades que exijan preparación, resultados y rendición de cuentas.
La crisis no radica en el origen de los funcionarios, sino en la ausencia de filtros que garanticen que quienes administran recursos públicos o legislan para millones de personas posean las capacidades necesarias para hacerlo.
Lo ocurrido en San Lázaro no puede analizarse como un hecho aislado. Es la consecuencia de una cultura política donde la lealtad suele pesar más que el mérito, donde la cercanía con el poder sustituye a la experiencia y donde el espectáculo termina desplazando al trabajo legislativo.
Al final, la discusión trasciende a un solo personaje. Lo verdaderamente preocupante es que casos como éste continúan enviando un mensaje peligroso a la sociedad: que en la política mexicana las relaciones personales pueden abrir más puertas que la preparación, y que la improvisación sigue teniendo asiento reservado en las instituciones públicas.
Deben separarlo del cargo e inhabilitarlo de cargos públicos-políticos. Todas aquellas personas que quieran llegar a ser candidato a alguna presidencia, gobernatura y demuestren esa actitud de querer agarrarse a golpes, deberían ser expulsados.
Si fuera el maestro, el médico, el despachador o cualquier otro empleado en estás condiciones ya lo hubieran corrido o cancelarle la quincena, ¿el Congreso hace algo al respecto?
