AGENCIA
Ciudad de México.- Una vez más, el discurso oficial chocó con los hechos. Mientras autoridades mexicanas intentaron adjudicarse el hallazgo de un narcotúnel entre Tijuana y San Diego y el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína, documentos judiciales y reportes oficiales de Estados Unidos revelan que la investigación fue desarrollada durante seis meses por agencias estadounidenses y culminó con la captura de cuatro presuntos responsables.
La controversia surgió luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente el Gabinete de Seguridad difundieran comunicados sobre el descubrimiento del túnel que conectaba ambos países. Sin embargo, en ninguna de las versiones oficiales se mencionó la participación de las autoridades estadounidenses ni el trabajo de inteligencia que permitió detectar la operación delictiva.
Fue el gobierno de Estados Unidos quien presentó públicamente la investigación completa, detallando que las indagatorias comenzaron desde diciembre de 2025 bajo la coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), tras detectar movimientos sospechosos en un establecimiento comercial de Otay Mesa, en San Diego.
Durante meses, agentes federales realizaron vigilancia encubierta hasta identificar una red presuntamente vinculada al tráfico internacional de drogas. El operativo culminó con el decomiso de 1,029 kilogramos de cocaína, valuados en aproximadamente 45 millones de dólares, y la detención de cuatro personas.
Además, mediante una orden judicial, las autoridades estadounidenses localizaron la entrada oculta del narcotúnel debajo del piso de una bodega. La estructura contaba con ventilación, electricidad, vías de transporte internas y una longitud cercana a los 590 metros, conectando con la colonia Nueva Tijuana.
En contraste, la versión difundida por la FGR atribuyó el hallazgo a labores de inteligencia realizadas por personal mexicano y señaló que el túnel fue localizado gracias a trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad. Sin embargo, el comunicado oficial evitó precisar cómo se originó la investigación y tampoco informó sobre personas detenidas.
La diferencia entre ambas narrativas ha generado cuestionamientos sobre la tendencia del gobierno mexicano a presentar como propios operativos cuya planeación e inteligencia fueron desarrolladas principalmente por agencias extranjeras.
La situación cobra especial relevancia porque, mientras Estados Unidos exhibió una investigación documentada, con detenidos, órdenes judiciales y evidencia detallada, las autoridades mexicanas limitaron su versión al cateo realizado en Tijuana y al aseguramiento de algunos cartuchos y presuntas dosis de droga.
Más allá del éxito operativo contra una red de tráfico internacional, el caso vuelve a poner sobre la mesa la dependencia que persiste en materia de inteligencia y combate al crimen organizado. También abre interrogantes sobre la transparencia con la que las autoridades mexicanas informan este tipo de acciones y sobre la verdadera coordinación bilateral en temas de seguridad.
Mientras Washington presentó nombres, fechas, detenidos y meses de trabajo de investigación, en México la narrativa oficial omitió datos clave y evitó reconocer el papel determinante que tuvieron las agencias estadounidenses en el desmantelamiento de una de las estructuras de tráfico de drogas más sofisticadas descubiertas recientemente en la frontera norte.
