Agencias
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la información difundida por el diario estadounidense Los Angeles Times sobre presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como la posibilidad de que se les retiren sus visas. Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas y seguir los canales institucionales correspondientes antes de hacerse público.
Sin embargo, la postura de la Presidenta generó críticas entre sectores de la oposición y analistas políticos, quienes consideran que nuevamente el Gobierno federal ha optado por respaldar a integrantes de Morena en lugar de exigir investigaciones transparentes e independientes. Para sus detractores, la respuesta de Sheinbaum se enfocó más en cuestionar el origen de la información que en demandar el esclarecimiento de los señalamientos que involucran a dos gobernadores de su partido.
Los cuestionamientos no son nuevos. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diversos mandatarios, funcionarios y candidatos de Morena enfrentaron acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos criminales, corrupción o uso indebido de recursos públicos. En la mayoría de los casos, el discurso oficial fue exigir pruebas y denunciar supuestas campañas de desprestigio, mientras las investigaciones avanzaban lentamente o quedaban sin consecuencias judiciales visibles.
Aunque hasta el momento no existen acusaciones formales ni procesos penales abiertos públicamente contra Durazo o Villarreal, el caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los gobiernos emanados de Morena. Para los críticos, la insistencia en descalificar los señalamientos antes de que sean investigados a fondo contribuye a la percepción de que existe un blindaje político para ciertos funcionarios; mientras que el Gobierno federal sostiene que no se puede condenar a nadie sin pruebas ni procedimientos legales que acrediten responsabilidad alguna.
