Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras crece el conflicto por el despojo de locales en el Mercado Venustiano Carranza, la Capellanía Armada Mundial de Paz acusó al ayuntamiento de Orizaba de violar sus propios reglamentos al no garantizar el derecho a la defensa de los afectados.
Juan Alberto Sánchez Reyes, coordinador estatal de Derechos Humanos de la Capellanía Armada Mundial de Paz, señaló que las autoridades municipales violan el Bando de Policía y la normatividad administrativa vigente.
“Ellos mismos tienen reglamentos que establecen cómo deben actuar las autoridades municipales y cuáles son los derechos de los ciudadanos cuando se sienten afectados por una resolución. Sin embargo, están haciendo exactamente lo contrario de lo que marcan sus propias disposiciones”, sostuvo.
Según el activista, el artículo 3 del Bando permite impugnar actos municipales mediante recurso de inconformidad, y el artículo 112 establece que dicho recurso puede confirmar, revocar o modificar el acto. El artículo 115 permite suspender el acto reclamado mientras se resuelve, y el 117 precisa que la suspensión mantiene las cosas en su estado hasta la resolución definitiva.
Sánchez Reyes indicó que estos mecanismos buscan evitar daños irreparables a los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en el caso del Mercado Venustiano Carranza, las autoridades continuaron con el retiro de espacios comerciales pese a los recursos legales presentados por los afectados. El activista cuestionó la notificación del ayuntamiento de Orizaba. Señaló que el artículo 271 exige notificaciones personales y en plazos específicos, y el artículo 275 reconoce el derecho a impugnar o acudir al Tribunal de Justicia Administrativa.
El artículo 277 fija tres días para presentar un recurso de inconformidad tras la notificación, lo que, según el activista, muestra que la ley exige agotar esos mecanismos antes de ejecutar medidas que afecten derechos adquiridos.
Sánchez Reyes sostiene que el problema es que las autoridades aplican sanciones sin respetar los procedimientos que ellas mismas aprobaron.
“Lo grave es que el propio reglamento municipal contempla recursos, suspensiones y medios de defensa para los ciudadanos. Si el ayuntamiento no respeta esas disposiciones, entonces está dejando en estado de indefensión a los comerciantes afectados”, afirmó.
