AGENCIA
Veracruz, Ver.- La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) marcará una de las transformaciones más importantes en el sistema de justicia mexicano, al incorporar procesos digitales, audiencias virtuales y procedimientos más ágiles para resolver conflictos familiares y civiles.
Durante una capacitación impartida en Veracruz, el abogado constitucionalista Miguel Carbonell explicó que este ordenamiento sustituirá los distintos códigos estatales por una sola legislación aplicable en todo el país, cuya implementación deberá concretarse a más tardar el 1 de abril de 2027.
El especialista señaló que el nuevo sistema permitirá que trámites como divorcios, herencias, pensiones alimenticias, arrendamientos y conflictos patrimoniales puedan resolverse de manera más rápida y eficiente.
Entre las principales innovaciones destaca la incorporación de la justicia digital. Los ciudadanos y abogados podrán presentar demandas en línea desde cualquier lugar, además de participar en audiencias virtuales mediante plataformas digitales, sin necesidad de acudir físicamente a los juzgados.
Carbonell explicó que el código también contempla mecanismos para atender casos en los que alguna de las partes se encuentre fuera del país. Por ejemplo, permitirá tramitar reclamaciones de pensión alimenticia cuando el deudor radique en Estados Unidos u otra nación.
Otro de los cambios relevantes es que algunos procedimientos podrán ser atendidos por notarios públicos, incluyendo divorcios y sucesiones testamentarias e intestamentarias, lo que contribuirá a reducir la carga de trabajo de los tribunales.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 los tribunales del país recibieron alrededor de 905 mil asuntos familiares y 635 mil asuntos civiles. El especialista estimó que la participación de los notarios podría disminuir entre 15 y 20 por ciento la carga judicial, equivalente a cientos de miles de expedientes.
Asimismo, el nuevo código incorpora medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo víctimas de violencia familiar y violencia vicaria, además de garantizar derechos para personas con discapacidad.
Respecto a Veracruz, Carbonell indicó que todavía no existe una declaratoria formal para la entrada en vigor del nuevo sistema, por lo que hizo un llamado a acelerar los preparativos necesarios.
Explicó que la implementación requerirá coordinación entre el Poder Judicial, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, además de inversiones en infraestructura tecnológica y capacitación del personal encargado de operar el nuevo modelo de justicia.
Las autoridades estatales tendrán hasta abril de 2027 para concluir la transición hacia este sistema, que busca modernizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia para millones de mexicanos.
