Agencias
Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación habría destinado más de 40 millones de pesos al arrendamiento de un edificio propiedad del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado en diversas publicaciones por su cercanía con Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y difundidos por El Universal, el contrato de arrendamiento fue firmado en mayo de 2018 por el entonces Consejo de la Judicatura Federal para albergar los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, ubicados en Villahermosa, Tabasco.
El inmueble, localizado en el complejo Tabasco 2000, cuenta con más de 2 mil 200 metros cuadrados distribuidos en seis niveles y áreas de estacionamiento. El acuerdo estableció inicialmente una renta mensual de 650 mil pesos, además de una cuota adicional por mantenimiento y conservación, elevando el pago mensual a más de 702 mil pesos.
Según los cálculos presentados en la investigación periodística, durante los primeros cinco años de vigencia del contrato el Poder Judicial habría desembolsado al menos 40.6 millones de pesos por concepto de renta. Sin embargo, registros de transparencia muestran montos superiores que podrían oscilar entre 48 y 54 millones de pesos, dependiendo de ajustes y actualizaciones realizadas durante el periodo contractual.
El reporte también señala que el arrendamiento continuó después de 2023, aunque las autoridades judiciales no han precisado públicamente si hubo modificaciones en el monto de la renta o nuevas condiciones contractuales. Actualmente, el Poder Judicial analiza una posible reubicación de los tribunales instalados en dicho inmueble.
Hasta el momento no existe información oficial que confirme irregularidades en la contratación ni investigaciones penales relacionadas con este arrendamiento. No obstante, el caso ha generado interés público debido a la cercanía atribuida al empresario con figuras del entorno político de Morena y por el uso de recursos públicos para el pago del inmueble.
