Agencias
Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de Estados Unidos sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, luego de que un reportaje publicado por el diario Los Angeles Times señalara que ambos mandatarios estarían siendo investigados por autoridades estadounidenses.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, afirmó que la dependencia no tiene conocimiento formal ni extraoficial sobre la presunta revocación de los documentos migratorios de ambos gobernadores. Sus declaraciones surgieron después de que el medio estadounidense, en colaboración con Puente News Collaborative, publicara que Durazo y Villarreal habrían perdido sus visas y continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”.
De acuerdo con el reportaje, Alfonso Durazo sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado y viajaría a Estados Unidos bajo un permiso temporal que, según la legislación migratoria estadounidense, suele otorgarse a personas cuya presencia representa un beneficio público significativo para las autoridades. Por su parte, Américo Villarreal estaría bajo investigación por presuntas actividades relacionadas con el contrabando de combustible, conocido como huachicol.
Sin embargo, ambos gobernadores rechazaron categóricamente los señalamientos. El gobierno de Sonora aseguró que Durazo mantiene vigente su visa y negó cualquier investigación en su contra, mientras que Villarreal calificó las acusaciones como falsas y sin sustento. Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial sobre el tema.
El caso ha generado debate político debido a que el permiso migratorio mencionado en la publicación suele utilizarse para permitir el ingreso temporal de personas involucradas en investigaciones federales, aunque también puede otorgarse por razones humanitarias o médicas. No obstante, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente que los mandatarios formen parte de una investigación en curso.
La polémica surge en un contexto de creciente atención por parte de agencias estadounidenses hacia funcionarios mexicanos, particularmente en temas relacionados con seguridad, narcotráfico y contrabando de combustibles, aunque hasta ahora las acusaciones difundidas permanecen sin confirmación oficial.
