AGENCIA
Ciudad de México.- La asignación de contratos por más de mil 194 millones de pesos para servicios de seguridad y vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) colocó bajo escrutinio a la Secretaría de Marina, luego de que una investigación revelara presuntos vínculos entre las empresas beneficiadas y personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de armas y huachicol.
Los contratos fueron otorgados a las compañías SERPROSEP S.A. de C.V. y Armour King S.A. de C.V., responsables de labores de vigilancia en las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, incluyendo puntos de inspección, salas de espera, controles de acceso y zonas perimetrales.
De acuerdo con la investigación, ambas firmas mantienen relaciones corporativas con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, quienes aparecen en expedientes de la FGR como presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos.
Según los documentos citados, Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas y combustibles. Asimismo, se señala que tanto él como Sainz de la Maza figuran en actas mercantiles de SERPROSEP como accionistas desde septiembre de 2020, sin que existan registros que acrediten su desvinculación posterior.
En el caso de Armour King, la documentación mercantil consultada indica que Alberts Ponce aparece como apoderado legal y Sainz de la Maza como comisario desde la constitución de la empresa.
Los contratos fueron adjudicados en junio de 2025. SERPROSEP obtuvo un convenio por aproximadamente 317.3 millones de pesos para brindar seguridad en áreas internacionales de la Terminal 1, con vigencia hasta mayo de 2027. Por su parte, Armour King recibió tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos para la vigilancia de instalaciones estratégicas en las terminales 1 y 2.
Otro de los hallazgos expuestos es que ambas empresas reportaron como domicilio una propiedad ubicada en la calle Séneca número 350, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, inmueble que ha sido relacionado con familiares de Julia Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Marina respondió que, en caso de resultar procedente, se dará vista a las instancias fiscalizadoras correspondientes. No obstante, sostuvo que no puede presumirse la existencia de un riesgo o irregularidad mientras no exista una resolución jurisdiccional firme que así lo determine.
El caso adquiere especial relevancia debido a que desde 2023 el Gobierno federal transfirió el control del AICM al sector coordinado por la Secretaría de Marina, bajo el argumento de fortalecer la seguridad aeroportuaria y combatir delitos como el tráfico de armas, drogas, mercancías ilícitas y personas.
La polémica reaviva el debate sobre los mecanismos de control y supervisión en las contrataciones públicas relacionadas con instalaciones estratégicas del país, especialmente cuando las empresas beneficiadas aparecen vinculadas, directa o indirectamente, con personas bajo investigación por presuntas actividades delictivas.
