De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El Ayuntamiento de Córdoba sumó una nueva irregularidad en el manejo de sus bienes y recursos tras confirmarse que la Coordinación Jurídica no posee ningún contrato de comodato ni instrumento legal que regule la ocupación del inmueble ubicado en la avenida 1, número 2211, de la colonia San José, donde actualmente operan las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer.
La falta de certeza jurídica sobre el uso del edificio contrasta con la inmediata inyección de presupuesto público para su acondicionamiento, situación que violenta los principios de orden de la administración municipal.
El inmueble en cuestión pertenece a un familiar de Manuel Alonso Cerezo. Aunque el funcionario ha negado públicamente que el espacio se encuentre bajo un esquema de renta, sus declaraciones carecen de validez legal ante la falta de un documento firmado que proteja los intereses del municipio.
Lo que sí reconoce el desglose financiero oficial es que la propiedad privada ya recibió mejoras sustanciales financiadas por el erario, alcanzando un monto total erogado de $98,431.27. Esta inversión con dinero de los ciudadanos en un bien particular configura un evidente conflicto de interés, pues se eleva la plusvalía y calidad de una propiedad ajena sin que exista un beneficio patrimonial blindado para el ayuntamiento.
La opacidad institucional rodea por completo este movimiento de sede. El Instituto Municipal de la Mujer se ha convertido en toda una fortaleza de opacidad al evadir rendir cuentas claras sobre las razones técnicas del traslado. La directora del área, Mónica Ponce Zamudio, se limitó a responder que su departamento carece de facultades para emitir dictámenes, trasladando la carga de información a otras oficinas de la administración general. Ninguna dependencia municipal fue capaz de exhibir avalúos comerciales, estudios de mercado, convocatorias de licitación o actas de adjudicación que justificaran la selección de esta propiedad en específico, recurriendo de forma sistemática a declarar la inexistencia de dichos expedientes.
Para los CORDOBESES, la palabra de Manuel Alonso no es de fiar debido a que este tipo de declaraciones institucionales se emiten sin el debido sustento legal ni documental. El argumento de que las oficinas operan de manera gratuita se desmorona frente a la realidad de las facturas emitidas por conceptos de tablaroca, herrería, pintura, mantenimiento de aire acondicionado, carpintería, cerrajería, adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de servicios externos de publicidad y rotulación.
