🖊️🖊️Después de ésta, la etapa que sigue es contra los empresarios que también son parte del crimen organizado, al lavarles el dinero
AGENCIA
Ciudad de México.- Las nuevas acusaciones anunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos vuelven a colocar bajo la lupa internacional la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno del país, un problema que durante años ha sido denunciado por ciudadanos, periodistas y organismos de seguridad sin que existan resultados contundentes por parte de las autoridades mexicanas.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dejó claro que las investigaciones no se detendrán y que continuarán los procesos judiciales contra servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La declaración representa un mensaje directo sobre la percepción que existe en Washington respecto a la capacidad —o incapacidad— de las instituciones mexicanas para combatir la corrupción ligada al narcotráfico.
La acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evidencia la gravedad de señalamientos que apuntan a una posible red de protección política para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y armas.
Mientras Estados Unidos asegura que continuará ampliando sus investigaciones, en México persisten cuestionamientos sobre la falta de procesos internos que permitan identificar y sancionar a funcionarios presuntamente relacionados con grupos delictivos. Para diversos sectores, resulta preocupante que sean agencias extranjeras las que encabecen investigaciones sobre posibles nexos entre autoridades mexicanas y cárteles.
Las declaraciones de Blanche también reflejan el endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha clasificado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta estrategia incrementa la presión diplomática y judicial sobre México, además de abrir la puerta a medidas más agresivas en materia de cooperación y combate al crimen organizado.
El anuncio ocurre en un momento delicado para la relación bilateral, marcada por tensiones derivadas de operativos antidrogas, extradiciones de líderes criminales y cuestionamientos sobre la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Aunque Washington insiste en que la relación con el gobierno mexicano es positiva, las constantes acusaciones contra funcionarios nacionales reflejan una realidad incómoda: la desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatir la corrupción y el narcotráfico sigue creciendo, mientras los cárteles continúan expandiendo su influencia en distintas regiones del país.
Más allá de los discursos oficiales, el caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que durante años ha permanecido sin respuesta clara: ¿hasta qué nivel ha logrado infiltrarse el crimen organizado en las estructuras del poder político mexicano?
