EL BUEN TONO
Orizaba, Ver.- Lejos de disiparse, las dudas sobre el manejo de fauna silvestre en la UMA Citlaltépetl continúan acumulándose. Ahora, el caso del jaguar “Yago”, que reapareció ante el público sin cola; con visibles lesiones y dificultades para caminar, ha generado indignación entre ciudadanos y defensores de los animales, quienes exigen una investigación ante la evidente negligencia.
Luego de permanecer siete días fuera de exhibición, el felino fue regresado a su recinto presentando heridas abiertas en una de sus patas y evidentes problemas de movilidad, situación que fue observada por visitantes y difundida en redes sociales.
De acuerdo con versiones recabadas, las lesiones habrían sido consecuencia de un ataque por parte de otro jaguar identificado como “Balam”, incidente que presuntamente se produjo durante las labores de alimentación de los ejemplares.
Lo que más preocupa a ciudadanos es que, pese a la gravedad de las heridas, Yago habría permanecido bajo atención sin la intervención de especialistas certificados en fauna silvestre, situación que vuelve a colocar bajo cuestionamiento la capacidad técnica con la que opera actualmente la UMA municipal.
Las críticas aumentaron luego de que trascendiera que el traslado del felino a su jaula se realizó durante la madrugada, hecho que para algunos ciudadanos buscaba evitar que se documentara públicamente el estado en el que se encontraba el animal.
El caso ocurre apenas días después de la polémica generada por la tigresa cuyo estado de salud fue ocultado durante varias horas antes de que el Ayuntamiento emitiera información oficial, alimentando la percepción de opacidad en torno al manejo de los ejemplares bajo resguardo municipal.
Para activistas y ciudadanos, la situación ya no puede considerarse un hecho aislado. Los antecedentes relacionados con enfermedades, lesiones y muerte de diversos animales dentro de la UMA han comenzado a configurar un patrón que exige la intervención de autoridades ambientales federales.
Por ello, solicitaron nuevamente la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para realizar una inspección integral que permita determinar si existen omisiones, errores de manejo o posibles responsabilidades administrativas derivadas de estos incidentes.
