De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Manuel Alonso convirtió la adjudicación directa en regla de contratación. En el primer trimestre de 2026, el ayuntamiento firmó 17 contratos; 14 sin licitación ni invitación restringida.
El gasto alcanzó 115.9 millones de pesos, 96.75% del total. Apenas 3.25% se sometió a mínima competencia. La ley contempla este mecanismo como excepción, pero en Córdoba se volvió norma para asignar recursos millonarios, denunciado en cabildo al votar contra los estados financieros de mayo. Las adquisiciones carecieron de información sobre proveedores y criterios. Tres regidores respaldaron la advertencia de la síndica, pero la mayoría oficialista blindó el dictamen. No fue un hecho aislado, sino parte de una anomalía documentada desde 2022. El padrón de proveedores funciona como club cerrado que rota concesiones millonarias. En tres meses, las adjudicaciones directas concentraron casi todo el gasto en maquinaria, combustibles, seguros y residuos:
Comercializadora de Combustibles TIFA: 26.6 millones; Procesadora de Residuos Veracruzanos y Materiales Oconit: 41.6 millones; Transportes Mortera: 20 millones;
ELM Transportes, Jesús Antonio Suazo Arzaba y Miguel Ángel Bonilla Gómez: 22.5 millones en tres contratos idénticos; Suministro de Refacciones a Diesel: 2.1 millones; Empresas de maquinaria pesada: más de 3 millones.
ELM Transportes, señalada como fachada de Alonso, ya había recibido 19 millones en 2022. En 2026 repite con 7.5 millones, beneficiando a Miriam Gómez Fernández, vinculada a Trabal, otra empresa del alcalde. Ambas comparten polígono rural, lo que facilita transferencias de vehículos y personal sin registro oficial. El negocio de la basura queda blindado para cuatro consorcios.
La sesión de mayo evidenció fractura entre discurso y acción. Algunos votaron en contra por falta de justificación y transparencia, pero la mayoría oficialista aprobó sin cambios. Los ediles, atentos solo a sus percepciones de más de 80 mil pesos, han normalizado el saqueo. La inconformidad simulada legitima abusos. El Buen Tono lo advirtió desde 2022: sin controles reales, el saqueo continúa, y el cabildo está plenamente enterado.
